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La campaña de recogida de la fruta se convierte cada año en noticia por el volumen de temporeros, la gran mayoría con trabajo y alojamiento, que se instalan en los municipios frutícolas, primero en los del Baix Segre y resto del Segrià (son los primeros en iniciar las cosechas) y más tarde las zonas del Pla d’Urgell, Urgell, Noguera y parte también de Les Garrigues. Desde hace muchos años los sindicatos agrarios y los productores han logrado que la contratación de esta mano de obra no sea un problema ni social ni económico, porque una gran mayoría da cobijo a sus trabajadores, les paga según convenio y las fricciones son las mínimas pese a la gran concentración de personas en un corto espacio de tiempo y con orígenes y culturas muy diferentes. De hecho, algunos de estos trabajadores del campo se quedan todo el año para los diferentes procesos de poda y aclarado que requieren las explotaciones y se han adaptado horarios y días laborales en función de la diversidad cultural y religiosa de muchos de ellos. UP, JARC, Asaja y en los últimos meses también Plataforma Pagesa han hecho una gran labor mediadora con los productores, grandes o pequeños, centrales frutícolas y grandes empresas y la recogida de la fruta no es a día de hoy un problema, ni convivencial ni social. Pero el efecto llamada que desde hace años se hace del gran volumen de trabajo que hay en Lleida en verano atrae, como por otra parte es lógico, a muchas personas sin trabajo o sin papeles, esperando que alguien les contrate en el último momento, aunque su situación sea irregular. Y estas personas que deambulan y no tienen techo son el problema recurrente que debe afrontar Lleida cada año. Para solucionarlo hay varias formas, una la regulación temporal de algunas personas sin papeles, que acabada la campaña deberían volver a su lugar de origen, o un acompañamiento mucho mayor del que reciben los ayuntamientos, sea para darles una mínima atención de higiene y cobijo y, por supuesto, para no tensionar a estos municipios entre junio y septiembre. El primer supuesto requiere el beneplácito del gobierno español, que ya tiene varias de estas demandas sobre la mesa y, el segundo, necesita muchos más recursos y celeridad. De ahí, que la queja de los ayuntamientos del Baix Segre tenga todo el sentido. 

Caminos locales

El proyecto para reconvertir en vías provinciales 200 kilómetros de caminos locales de las comarcas de Lleida y el Pirineo es una necesidad reclamada desde hace años por muchos ayuntamientos y consells, que no disponen del poder financiero para mantener estas redes locales, con mucho tráfico por la actividad agroganadera y de servicios

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