Las llamadas más molestas siguen

Hace justo un año, la gran mayoría de ciudadanos nos las prometíamos felices. Era el 30 de junio del 2023 cuando entraba en vigor la nueva ley general de Telecomunicaciones, que debía conllevar cambios significativos en la relación que mantendríamos desde entonces con las teleoperadoras en general y con las llamadas comerciales en particular, aquellas que normalmente nos incomodan a horas intempestivas y que se repiten hasta la saciedad. Uno de los artículos de dicha ley señalaba que “queda prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios”, aunque el texto legal incluía resquicios, como haber dado el consentimiento antes (quizá involuntariamente) para la realización de estas llamadas, tener una relación contractual con las empresas o que la llamada proceda de fuera de España. Sin embargo, un año después, el 98,3% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, según se desprende de una encuesta de Facua-Consumidores en Acción con 4.053 participantes. El porcentaje de víctimas de spam telefónico sube casi dos puntos con respecto al 96,6% de la anterior encuesta, de septiembre. El 68,1% de los preguntados señala que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes (once puntos por encima de la anterior encuesta); el 4,3% recuerda haberlas recibido en cinco ocasiones, el 7,5% en cuatro, el 8,9% en tres, el 6,6% en dos y el 2,9% indica que le han llamado una vez. Solo el 1,3% afirma que no ha recibido ninguna. Los servicios que ofrecen son especialmente de telecomunicaciones, seguidos de energéticos y, a gran distancia, seguros, alarmas y préstamos. Lo peor es que, según el sondeo, solo uno de cada 10 consumidores sabe cómo denunciar estas actuaciones y únicamente el 2,1% de los afectados ha presentado una denuncia por ello. La organización recuerda a los usuarios que pueden interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa. La ayuda y los consejos de Facua son muy bienvenidos pero es necesario que, como en todos los ámbitos de la sociedad, sean las autoridades competentes las que hagan cumplir la ley.El drama de los desahucios“Ha fallado todo”. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se refirió así al suicidio de dos hermanas de Barcelona, de 54 y 64 años, que se precipitaron el lunes desde un cuarto piso horas antes de ser desahuciadas. Debían “solo” unos 9.000 euros y se han convertido en un ejemplo crudo y real del drama que supone no poder acceder a una vivienda digna