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El suicidio de dos hermanas en Barcelona la madrugada del lunes ha reabierto el debate sobre la presión inmobiliaria. El turismo y los llamados expats han desbocado los precios de los alquileres en la capital catalana, pero la gentrificación no es exclusiva del área metropolitana. De hecho, el martes dábamos cuenta de que el alquiler ha subido un 6,4% en las comarcas de Lleida respecto a 2023. La Val d’Aran, con 649,08 euros de media, un 16,4% más, es el territorio que ha experimentado un mayor incremento de precios. Y no es la excepción, sino la norma. Los municipios en los que residen dos tercios de los habitantes de la demarcación están tensionados, es decir, el alquiler o la hipoteca se llevan más del 30% de sus ingresos porque han subido en los últimos cinco años más de tres puntos por encima del IPC. El departamento de Territorio de la Generalitat anunció ayer que once localidades de Lleida se van a sumar a las diez en las que ya había declarado la situación de tensión. De esta manera, Alcarràs, Almacelles y Alpicat en el Segrià; Artesa de Segre y Ponts en La Noguera, Bellpuig (Urgell), Bellver de Cerdanya (Cerdanya), Les Borges Blanques (Les Garrigues), Linyola (Pla d’Urgell), El Pont de Suert (Alta Ribagorça) y Vielha (Aran) pasan a engrosar una lista de la que ya formaban parte Lleida, Balaguer, Mollerussa, Cervera, Guissona, La Seu d’Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega y Tremp. Esto significa que cuando el propietario de un piso o una finca sea un gran tenedor, con cinco o más viviendas en zonas de mercado residencial tensionado, la subida del alquiler no podrá superar el Índice de Referencia del Precio de Alquiler que marca la Generalitat. Las incorporaciones a la lista, en la que ya figuran todas las capitales de comarca de la demarcación de Lleida, indican que el encarecimiento de la vivienda es una problemática que se ha extendido como una mancha de aceite desde el área metropolitana de Barcelona por todo el país y ya afecta a 295.752 leridanos, la mitad de los cuales vive fuera de la capital. El catalán, bajo mínimosPlataforma per la Llengua constató ayer lo que ya es evidente: el retroceso del uso social del catalán. Solo un 12,1% de los jóvenes de entre 15 y 34 años hablan únicamente en esta lengua. Es uno de los muchos datos que arroja un estudio que también se hace eco de que el 30,9% de los médicos que trabajan en Catalunya no saben hablar en catalán y un 13% ni siquiera lo entiende. Además, un 80% de los hablantes se pasan el castellano aunque el interlocutor entienda el catalán. La conclusión es clara: no se está revirtiendo la emergencia lingüística. El fenómeno afecta, sobre todo, al área metropolitana, pero, como en el precio de los alquileres, el temor es que esta tendencia acabe afectando a todo el país.

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