Ni penitencia ni contricción
“Está vivo, he denunciado, y no se ha hecho justicia”. La valentía de Anna Berengué, que se ha graduado en periodismo en el Reino Unido con un trabajo sobre su abusador, estremece. Una investigación conjunta de El Periódico y TV3 ha recogido este testimonio sobre el caso del padre escolapio Josep Blay Gallart, del que ya informó SEGRE en julio de 2016 tras ser apartado este religioso, que coordinaba entonces la catequesis de la Escola Pia de Balaguer. Ahora se sabe que en 2008, cuando Berengué era una niña de solo 8 años, este sacerdote abusó de ella y de otras menores a las que daba catequesis en Alella, en el Maresme. Las familias lo pusieron en conocimiento del Arzobispado de Barcelona y aceptaron no denunciar a cambio de que este padre escolapio dejara de tener contacto con niños. Sin embargo, Blay fue trasladado al citado colegio de Balaguer y anteriormente a Tàrrega. Cuando lo supieron las familias, el caso acabó en el juzgado y ahora se ha sabido que ha sido condenado a 22 meses de cárcel, una pena que no ha comportado su ingreso en prisión. Antes de que fuera destinado a Balaguer, este párroco ya ejerció funciones pastorales en Tàrrega para el obispado de Solsona, según se ha acreditado ahora con imágenes de Nova Tàrrega. La hemeroteca no olvida y Blay aparece en una portada de este semanario en 2011 bendiciendo palmas un Domingo de Ramos. Cambian los nombres y las fechas, pero la historia la hemos oído demasiadas veces. Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UdL y la UOC, que participó en la elaboración del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en instituciones religiosas, advertía a finales del año pasado que la iglesia católica había indemnizado a víctimas de abusos sexuales a cambio de su silencio y su renuncia a denunciar, lo que se conoce como cláusulas de confidencialidad. Es intolerable. No se puede esconder la cabeza bajo el ala y dejar a las víctimas desamparadas. Precisamente ayer, la Conferencia Episcopal Española dijo que tiene previsto aprobar el próximo martes, en una Asamblea Plenaria extraordinaria, el plan de reparación de abusos en la Iglesia, que contempla un “apoyo económico” para las víctimas en los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. La música suena bien, pero la letra no tanto. Este plan no detalla el número de víctimas porque “preferimos centrarnos en otros aspectos”. Esta frase del secretario general del episcopado, Francisco César García Magán, no da esperanzas a quienes siguen reclamando algo más que una tímida disculpa para poder seguir avanzando. Ante esta situación, el Congreso también podría mover ficha y tomar decisiones como la revisión de los acuerdos con la Santa Sede que han privilegiado a la Iglesia católica durante décadas.
