El Supremo se queda solo

El Tribunal Supremo cada vez está más solo en su decisión de no aplicar la ley de Amnistía a los líderes del procés. A pesar de que tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se han mostrado partidarios de aplicar la norma en todos los casos, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, y Pablo Llarena, juez instructor de ese mismo tribunal, se han negado a hacerlo alegando que los líderes independentistas se enriquecieron personalmente con el referéndum. No eran los únicos que se oponían a la ley de Amnistía, ya que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó en noviembre de 2023, cuando se estaba concretando la redacción de la ley, a Carles Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg y otras personas por un supuesto delito de terrorismo en el que habrían incurrido por su también presunta relación con Tsunami Democràtic, lo que abría la posibilidad de que no se les amnistiara por este delito. Ayer la propia Audiencia Nacional, concretamente su Sala de lo Penal, anuló esa instrucción y la causa se archivó, ya que las imputacions se hicieron al reabrir la causa García-Castellón en 2023 cuando hacía dos años que estaba parada sin que hubiera prorrogado la instrucción. El propio magistrado no tuvo más remedio que sobreseer el caso, y previsiblemente hará lo mismo la instructora del Supremo en relación a Puigdemont y Wagensberg, donde está su imputación por esta causa por su condición de aforados. Con este archivo, solo el juez instructor de Barcelona Joaquín Aguirre, que mantiene abierta la causa por la llamada trama rusa e imputa alta traición (otro delito que podría no ser amnistiable), acompaña al Supremo en su negativa a aplicar la ley de Amnistía. Se da la circunstancia de que también en este caso la Audiencia de Barcelona ordenó al juez que cerrara la investigación, pero este abrió una pieza separada. A la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional (de mayoría progresista), el golpe del Supremo a la ley de Amnistía es importante, ya que el tribunal de garantías puede obligarle a replantear sus argumentos, pero no puede interpretar la ley. Estamos asistiendo a un conflicto entre los poderes legislativo y judicial de consecuencias difíciles de calcular.Una sentencia ejemplarLa Audiencia de Barcelona condenó ayer a 35 años de cárcel al joven que violó brutalmente a una menor en Igualada en 2021. Le ha impuesto 20 años por intento de asesinato y 15 años por agresión sexual con el agravante de discriminación por razón de género porque “se reproduce un patrón de conducta violenta, vejatoria y humillante del procesado hacia las mujeres (...) por el mero hecho de pertenecer al género femenino”. Una sentencia ejemplar.