Los funcionarios de prisiones tienen razón

Los funcionarios de prisiones están indignados con las reiteradas agresiones en sus puestos de trabajo. “Solo queremos regresar vivos a casa”, dijo ayer un portavoz de los trabajadores de Lleida en la concentración que se llevó a cabo para protestar por el enésimo incidente, del que ha sido víctima una trabajadora leridana en Mas d’Enric, el penal tarraconense en el que hace unos meses fue asesinada una cocinera. Aquel crimen provocó la peor crisis en las cárceles catalanas en décadas. Allí falló todo. El recluso que mató a la cocinera lo hizo con un cuchillo al que tenía acceso pese a cumplir condena por crímenes cometidos con armas blancas. Fue un escándalo intolerable que, a pesar de las numerosas protestas, no se ha saldado con dimisiones políticas. El responsable de Prisiones, Amand Calderó, sigue en su puesto. Aquella crisis se cerró en falso y cualquier incidente amenaza con convertir las penitenciarías catalanas en un polvorín. Hay que hacer caso a los funcionarios. Faltan medios, falta rejuvenecer la plantilla, faltan movimientos legislativos que los consideren una autoridad como lo son los policías y que, en consecuencia, les confiera más protección en supuestos de agresiones. Son reclamaciones que se ponen sobre la mesa desde hace un montón de años y no se entiende que no sean atendidas por la administración. Dicho esto, el expresidente Jordi Pujol ya anunció en 1984 que las prisiones serían la “patata caliente” de las competencias y no se equivocó. Catalunya es de las pocas comunidades que las tienen y siempre han sido conflictivas, porque lo es por esencia la realidad penitenciaria. La Constitución obliga a resocializar a los presos, y así debe ser. Una sociedad civilizada no puede aceptar la pena de muerte o la cadena perpetua, y por tanto debe intentar reintegrar al criminal. Odiar el delito y compadecer al delincuente. Esa es la máxima que debe atender una sociedad que tenga claro que la solución contra la delincuencia no puede ser la venganza. Resocializar quiere decir volver a integrar al condenado en la sociedad, y eso solo se puede conseguir a través de programas sólidos y bien ejecutados que siempre comportarán un riesgo. No se puede decir que el balance de las competencias catalanas en prisiones sea decepcionante, ni mucho menos. Los porcentajes de reincidencia son similares o inferiores a los del resto del Estado y de Europa. El Código Penal de 1995 eliminó las redenciones por trabajo que había instaurado Franco para combatir la saturación de las cárceles y obtener mano de obra barata para reconstruir el país tras la guerra. Esas redenciones por trabajo comportaron excarcelaciones que causaron alarma en los años 80 y 90, pero esa alarma ha desaparecido hoy. El balance, pues, es satisfactorio, pero la inseguridad de los funcionarios en sus puestos de trabajo es inaceptable. Hay que hacerles caso porque tienen razón.