Zonas de Bajas Emisiones y transporte público
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son el mecanismo que varios países europeos han implantado o están en proceso de hacerlo en sus principales ciudades como una de las medidas para cumplir con las directivas de la Unión Europea que obligan a reducir la contaminación ambiental. En 2022 estaban en vigor en 320 localidades y la previsión es que el próximo año esta cifra supere las 500, después de que países como España, Francia o Polonia hayan aprobado normativas que obligan a aplicarlas, en el caso español en los municipios de más de 50.000 habitantes. En Catalunya, el Govern en funciones aprobó este martes el decreto “Plan de calidad del aire, horizonte 2027”, que veta la circulación de los vehículos con etiqueta ambiental B por las ZBE de las ciudades de más de 50.000 habitantes en días con avisos de alta contaminación a partir de enero de 2026, y de forma permanente a partir de 2028. Además, obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a empezar a prohibir en 2026 la circulación de todos los vehículos que carezcan de etiqueta ambiental. Y precisamente el martes el equipo de gobierno del ayuntamiento de Lleida presentó su propuesta para implantar la ZBE en la ciudad a partir del próximo enero, que prevé que durante los tres primeros años se limitará al Centro Histórico, en 2028 se extenderá a todo el centro urbano hasta Ronda y en 2030, a Cappont hasta la LL-11. Lo anunciado va en la línea de la Generalitat en lo que respecta al veto del paso de los vehículos sin etiqueta ambiental desde el primer momento y también de los que tienen la etiqueta B a partir de 2026, pero hay una diferencia sustancial por el hecho de que estas limitaciones no se aplican a los que están matriculados o pagan el impuesto de circulación en el municipio, sino solo a los de fuera. Es necesario dar pasos para disminuir la contaminación ambiental, y no hay duda de que el tráfico es una de sus causas. Sin embargo, uno de los problemas para la puesta en marcha de la ZBE es que debería garantizarse que las localidades en las que esté vigente cuenten con una red de transporte público que sea una alternativa óptima y asequible al privado. Hay que tener muy en cuenta que las restricciones al tráfico afectan a los automóviles más antiguos que, en su gran mayoría, son los que conducen los ciudadanos con menos poder adquisitivo, que no pueden permitirse cambiarlo por uno híbrido o eléctrico. Y la realidad es que la oferta actual en materia de trenes y autobuses urbanos e interurbanos dista bastante de estar en condiciones de poder dar una respuesta efectiva a este reto. En el caso de Lleida, solo hace falta recordar las quejas que ha habido en los últimos meses en varios municipios sobre los buses que los conectan con la capital, o que la red de cercanías ferroviarias aún está en fase de desarrollo en la línea de Manresa y es inexistente en las de la costa.
