La investidura de Illa

Las elecciones a la presidencia de la Generalitat del pasado 12 de mayo arrojaron unos resultados sin mayorías claras (PSC, 42; Junts, 35; ERC, 20; PP, 15; Vox, 11; Comuns, 6; CUP, 4 y AC, 2) que obligaban a pactos si no se quería ir a una repetición electoral. El independentismo perdió su supremacía de los últimos años, propiciada por el batacazo de ERC, que retrocedía en más de 100.000 votos y doce diputados, y pese al ascenso de Junts, que sumó dos diputados más que en 2021 y 70.000 votos directos, y no les alcanzaba para llegar a la mayoría absoluta (68 diputados). Ese fue el resultado de unos comicios marcados por una alta abstención, básicamente procedente de los ciudadanos soberanistas. Por tanto, correspondía al ganador de los comicios, Salvador Illa, del PSC, tomar la iniciativa de intentar formar gobierno. Para ello, los socialistas se han comprometido con los republicanos a aprobar una nueva financiación para Catalunya, piedra angular de las reivindicaciones de los catalanes desde hace décadas. No es de recibo que una de las comunidades que más aporta y cuya solidaridad con el resto del estado está más que demostrada deba vivir siempre con restricciones de todo tipo por el déficit fiscal, reconocido y demostrado con luces y taquígrafos. Es evidente que no será fácil esta singularidad financiera de Catalunya porque para equipararse al cupo vasco sería necesario cambiar la Constitución y hoy por hoy no existe ninguna intención, ni del PSOE ni muchísimo menos de la derecha española, de dar ese paso. Pero en el Congreso sí se pueden lograr cambios significativos en la LOFCA (Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas) que comporten mayor capacidad de recaudación y de gasto para los catalanes. No será un camino fácil, porque tanto la derecha como muchos barones socialistas no están dispuestos a reconocer esta singularidad catalana, sin olvidar el comodín judicial, que usan siempre los inmovilistas para evitar avances justos y democráticos. Pero lo que está claro es que la sociedad catalana quiere que la Generalitat tenga gobierno lo antes posible para desbloquear los muchos asuntos pendientes que existen en la agenda económica, política y social. Sanidad, educación, seguridad, inmigración, energías alternativas, Rodalies y un sinfín de cuestiones esperan sobre la mesa. Pero del mismo modo que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos plasmada en las urnas, sería del todo vergonzoso que la nueva legislatura catalana comenzara con el 130 president de la Generalitat, Carles Puigdemont, destituido por el 155, entre rejas. La ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados cuenta con la misma legitimidad democrática que la próxima investidura de Salvador Illa y, por tanto, el aparato judicial no puede ni debe convertirse en un poder fáctico que boicotee aquellos que ha bendecido la ciudadanía.