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Los acontecimientos vividos ayer en Barcelona, tanto en el Parlament como fuera de él, se pueden resumir en tres premisas. Salvador Illa superó la investidura que le convierte de facto en el 133 President de la Generalitat con los votos de su grupo, el PSC, y el apoyo de ERC y Comuns; Carles Puigdemont cumplió su promesa de volver para el debate de investidura sin dejarse detener y los Mossos, que tan brillante función y papel ejercieron en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017, este 8 agosto hicieron literalmente el ridículo. Si su intención era cumplir las órdenes judiciales de detener a Puigdemont discretamente, no lo consiguieron porque se les esfumó ante miles de personas y centenares de cámaras. Además, ante la desaparición como por arte de magia del expresident, montaron un dispositivo que colapsó media Catalunya, desproporcionado a todas luces e impropio para detener a un diputado electo del Parlament, y más teniendo en cuenta que está amparado por la ley de Amnistía, por mucho que el Supremo insista en retorcer lo bendecido por la ciudadanía, representada por el Congreso. En cuanto a Salvador Illa, aislado completamente del ruido de fuera del Parlament, se presentó como el heredero de Josep Tarradellas y como el president que unirá Catalunya después de una era convulsa y reclamó durante su intervención que se aplique la ley de Amnistía de forma “ágil y rápida”. “Quiero expresar mi voluntad y la de mi grupo político de trabajar para el restablecimiento de la totalidad de los derechos políticos de todos los ciudadanos catalanes.” El dirigente socialista hizo un discurso en el que puso el énfasis en la planificación de infraestructuras, en especial las del agua y la mejora de los servicios públicos. Consciente de su gobierno en minoría, tendió la mano a todos los grupos políticos de la cámara a excepción de los que tienen “discursos de odio como Vox y Aliança Catalana”. En cuanto a ERC, cuya militancia decidió dar un “sí vigilante” a los socialistas a la espera de que se cumpla el acuerdo para aplicar a Catalunya una financiación singular solidaria, que pasaría por la recaudación de todos los impuestos, advirtió al PSC que su apoyo está absolutamente ligado al cumplimiento de este pacto, que requiere de la reforma de una ley orgánica (LOFCA) porque cualquier paralelismo con el cupo vasco necesitaría una reforma constitucional, con mayoría cualificada, que el PP vetaría. Como conclusión, se abre un nuevo ciclo político en Catalunya, sin independentistas en el Govern, en el que el PSC y el PSOE quieren dar pasos hacia un estado federal que pretende enterrar definitivamente el procés. En cuanto a Junts, el recorrido político de Puigdemont se antoja ahora limitado, golpes de efecto al margen, y deberán encerrarse en los cuarteles de invierno para sopesar su papel a partir de ahora, en la oposición. 

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