La administración debe impulsar el alquiler social
El mercado del alquiler está cada vez más tensionado en Lleida porque la demanda crece a un ritmo superior a la oferta. En buena parte, este fenómeno se explica porque las entidades bancarias cerraron el grifo del crédito fácil para la compra de viviendas tras el crack inmobiliario de 2008. Las hipotecas que cubrían el 100% del coste de un piso hace tiempo que pasaron a la historia. Ahora los bancos aportan como mucho el 80% del precio, lo que obliga a que los compradores deban disponer como mínimo del 20% restante, lo que representa al menos entre 25.000 y 30.000 euros, cantidades que están lejos del alcance de la capacidad de ahorro de muchos jóvenes, parejas y familias. Además, la subida de los tipos de interés aplicada en los últimos años por el Banco Central Europeo ha encarecido notablemente las cuotas hipotecarias. Así, es normal que cada vez haya más personas que opten por el alquiler porque sencillamente no tienen la capacidad económica de costearse la compra. Esto empuja al alza los precios de los arrendamientos, que en el primer trimestre de este año subieron un 6,4% en el conjunto de la provincia, y su media superó por primera vez los 500 euros, hasta los 502,90. En el caso concreto de Lleida ciudad, este hecho ha provocado que los universitarios opten por mantener el alquiler de un piso también durante el verano, aunque esos meses no vivan en él, para tener la seguridad de que en el siguiente curso podrán conservarlo y no verse en la tesitura de no encontrar ninguno en septiembre. Es otra prueba de que el mercado del alquiler está llegando a un punto que hace que cada vez haya más personas que tengan muchas dificultades para acceder a una vivienda o que sencillamente no pueden permitírselo. Por eso es necesario que las administraciones se pongan manos a la obra y promuevan proyectos de pisos de alquiler social, que a lo largo de los últimos lustros han brillado por su ausencia en Lleida, Catalunya y la mayor parte de España, y que de momento sólo se impulsan a cuentagotas.
Un difícil equilibrio político
Las declaraciones que hizo el miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmando que el pacto del PSC con ERC –que permitió investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat– no prevé un concierto económico para Catalunya suscitaron la reacción airada de los dirigentes de Esquerra, que amenazaron con retirar su apoyo al Gobierno del PSOE si no lleva adelante el nuevo sistema de financiación. Este cruce de declaraciones ilustra la compleja coyuntura política en Catalunya y España, donde el gobierno depende de socios tan diversos como Junts, ERC o Podemos y a la vez se enfrenta a las críticas internas de los barones del PSOE.
