¿El fin de las llamadas no deseadas?
¿Quién no ha recibido una llamada telefónica, normalmente a horas intempestivas, anunciándole que tiene algún problema en una factura de algún servicio que debe subsanarse urgentemente? O quizá ofreciéndole unas condiciones más que ventajosas para cambiarse de compañía eléctrica, de gas o de comunicación. Seguro que prácticamente todas aquellas personas que estén leyendo estas líneas contarán por decenas las veces que han sido protagonistas de una situación de este tipo. No siempre, pero a menudo, el receptor, por descuido o desconocimiento, “pica” y accede a dar información para lograr todo tipo de ventajas y al final lo que le ocurre es que se convierte en víctima de una estafa de la que es muy difícil salir indemne, al menos económicamente. Si todo va como está previsto, podría ser que los consumidores nos libremos en unos meses de estas incalificables prácticas que se han extendido hasta límites insospechados. Esto se deberá a que el Gobierno tiene previsto prohibir contratar la luz y el gas por teléfono, salvo que lo pida expresamente el consumidor, para frenar abusos de las comercializadoras energéticas por vía telefónica. La medida figura en la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación, un borrador de Real Decreto a consulta pública hasta el 13 de septiembre, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.En el caso de aprobarse, supondría un gran avance para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha expresado su apoyo a la iniciativa, aunque considera que “debería ampliarse a otras empresas, como las de telefonía, que comparten los mismos problemas, relacionados con la falta de transparencia y los abusos contra los usuarios”. En este sentido, una encuesta que llevó a cabo la misma OCU revela que nueve de cada diez consumidores reciben llamadas comerciales no solicitadas y, a menudo, con reiteración: el 40% atiende más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero también de empresas de telefonía. Sin embargo, cabe recordar que la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022 ya establecía el derecho del usuario final de “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo consentimiento previo del propio usuario”. Pese a ello, esta normativa no prohibió la contratación telefónica de ningún tipo de servicio, por lo que las comercializadoras han aprovechado las lagunas de la norma y somos los usuarios los que sufrimos las consecuencias de esta carencia u olvido. Esperemos que el nuevo reglamento que está en período de exposición subsane estos problemas y atender una llamada telefónica de un número desconocido deje de ser una especie de deporte de riesgo.
