Arranca el curso político

Con septiembre acaban las vacaciones escolares y las laborales de buena parte de la población, y vuelve el curso político, que este año vendrá marcado básicamente por dos temas: la inmigración y, cómo no, Catalunya, que lleva años en el centro de todos los debates, sea por la independencia reclamada en la calle y en las urnas en 2107 por buena parte de su población, por el juicio al procés que comportó este envite al estado de los partidos soberanistas, los indultos, la amnistía o, en este ejercicio, por la financiación singular a la que se comprometió el PSC-PSOE con ERC para que votara a favor de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sobre el primer punto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ya advirtió ayer mismo que no apoyará los presupuestos de los barones populares en las comunidades autónomas donde gobiernan conjuntamente, si no cambian su política sobre inmigración. Esta amenaza de la ultraderecha tensará al PP, que ya se las vio y deseó para contradecir las palabras del presidente, Pedro Sánchez, cuando este dijo públicamente que es partidario de la contratación en origen pero también de las deportaciones. Dos puntos en los que coinciden populares y socialistas y que podría ser una buena oportunidad para lograr un gran acuerdo de estado. Pero tal pacto se antoja difícil por la presión que ejercerá la ultraderecha, por un extremo, y Podemos, por el otro. Y si no queremos convertir a los inmigrantes, que ya ocupan el 25% de empleos de media en muchos sectores de Lleida, como publica hoy SEGRE, en una arma arrojadiza para atizar xenofobia y racismo o buenismo mal entendido, es necesario diseñar una hoja de ruta de atención e integración de extranjeros, tanto para preservar sus derechos como los de los autóctonos. Por lo que respecta a Catalunya, es evidente que el reparto fiscal más equitativo y justo que le corresponde no pasará por un cupo como el vasco, porque eso requeriría una modificación constitucional y una mayoría parlamentaria que ni tiene ni tendrá por ahora el PSOE. Por tanto, esta singularidad traducida en recaudar todos los impuestos y transferir un tanto por ciento a las arcas del gobierno central como solidaridad interterritorial deberá llegar a través de la Lofca, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y el principal escollo que encontrará será el resto de comunidades, con Madrid de cabecilla, que se opondrán radicalmente a cualquier planteamiento federal que se aparte del café para todos. Por último, el otoño nos traerá también los congresos de Junts y ERC que han de definir el papel independentista una vez han perdido la mayoría en el Parlament y el Govern, y si los del expresidente Carles Puigdemont intentarán seguir llegando a acuerdos con el PSOE en Madrid o dejarán caer el ejecutivo español tras la alianza del PSOE con ERC para la legislatura catalana.