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María Isabel Perelló Domènech es la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Nacida en Sabadell en 1958, está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia, es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2009 y ahora será la primera mujer en ostentar el cargo desde que el órgano judicial se creó en 1812. En una trayectoria poco mediática, hay tres hechos que se pueden poner encima de la mesa: el pasado verano rechazó la petición del PSOE de revisar los votos nulos del 23-J, en 2014 acusó a Carlos Lesmes de usar lenguaje sexista (por dirigirse a todos los jueces en una carta como “queridos compañeros”) y fue ponente de la sentencia que confirmó la sanción de 48 millones de euros a Renault, Peugeot y Citroën. La elección de Perelló, por dieciséis votos a favor, ha llegado gracias al entendimiento entre el bloque progresista y conservador después de un mes de conversaciones infructuosas y a dos días de la Apertura del Año Judicial. Este nombramiento permite al Poder Judicial acabar finalmente con una situación de interinidad que se arrastraba desde diciembre de 2018. Isabel Perelló ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Maó, en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Al margen de su currículum lo más importante del nombramiento es que por fin se cumple la ley y se desbloquea este órgano del estado. Y una demanda a la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la primera de tendencia progresista tras 28 años de presidentes conservadores, este órgano constitucional del Estado tiene la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, pero no les exime de las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos y cumplir las leyes que redacta el poder legislativo, y la ley de amnistía que bloquean algunos de sus colegas, es una de ellas. Con esto y con que dejaran su ideología, sea cual fuere, al margen de la judicatura, nos conformaríamos. FP en Mollerussa y viviendaEl problema que tiene el instituto de FP de Mollerussa es grave porque de los 800 alumnos matriculados, el 40% vienen de diferentes partes de Catalunya y resto del Estado y del 60% restantes, que son de las comarcas de Lleida, algunos son de poblaciones lejanas y no todos tienen unas combinaciones de transporte fáciles para acudir cada día al instituto. La falta de vivienda para alquilar en Mollerussa es el principal inconveniente con el que tiene que lidiar el centro y todas las administraciones deben poner de su parte para buscar soluciones ya.

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