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“Estamos hartos de que el esfuerzo de la Guardia Urbana para combatir la delincuencia no venga acompañado del entorno legislativo”. Así lo ha asegurado estos días el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, tras reunirse con los mandos del cuerpo. La Policía Local detuvo en la última quincena de agosto a 32 personas, de las que 23 –un 71,8%– eran reincidentes. Solo cinco de ellos suman 130 detenciones. En cuanto al tipo de delito, la mitad fueron por robos pero también hubo siete por lesiones, dos por tentativas de homicidio (agresiones con armas blancas) y drogas (2), entre otros, e incidió en que solo uno de ellos ha ingresado en prisión. También se volvió a mostrar preocupado por la irrupción de armas blancas en peleas y lamentó que “es muy difícil actuar con carácter preventivo en este tipo de casos”. Hace bien el alcalde de Lleida en tomar la iniciativa ante esta impotencia policial frente a la multirreincidencia, que no sería tanto problema de Código Penal, que ya la contempla como un agravante, y muy grave, que puede comportar la expulsión del país si se trata de un extranjero, sino de los tiempos en que se aplica la ley y eso ya depende de la eficiencia y medios de los juzgados, o en la aplicación de la prisión preventiva para los reincidentes (también prevista por la ley). Pero lo que está claro es que tanto el consistorio de Lleida como el de Alcarràs, con el detector de metales a la entrada de los recintos festivos, evidencian un problema cada vez más patente, que los Mossos llevan tiempo anunciando y que tanto la estructura judicial como la política deben abordar. El aumento significativo de armas blancas, mafias de la droga con una presencia de armas de fuego nunca vista, peleas, vandalismo e inseguridad callejera que hay que atajar antes de que el problema sea mayor. La solución, además, no puede depender solo del número de efectivos de agentes del orden, aunque es evidente que se requiere aumentarlos, sino que los castigos punitivos han de ser mayores y, sobre todo, más rápidos. La seguridad es una prioridad y sin duda ha de ser un tema clave en la legislatura de la Generalitat que justo ahora ha comenzado. Vinícius JúniorLas declaraciones del jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, asegurando a la CNN que es partidario de cambiar de sede el Mundial de Fútbol de 2030 de España si no cesan los insultos racistas en los estadios, son todo un despropósito porque todos los equipos tienen jugadores negros y él es el único que siempre es increpado, pero no por el color de su piel, sino por sus provocaciones. El racismo existe, por supuesto, pero ni más ni menos que en otros países y afecta menos a los privilegiados como él.

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