El reto municipal del coste de las basuras

Los ayuntamientos leridanos tienen un nuevo reto por delante en materia de residuos. Antes del 8 de abril de 2025, las entidades locales deberán establecer una tasa concreta que refleje los costes reales de la gestión de residuos, y que deberá estar separada del resto de impuestos y recibos que los contribuyentes abonan en sus hogares o negocios. La Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ya en vigor, dio un periodo de tres años para que las entidades locales pudieran adaptarse a esta nueva exigencia, que clarifica el precio del servicio. En concreto, la normativa explica que la tasa deberá ser “específica”, solo para residuos, y además será “no deficitaria”. Generará un ingreso total nunca menor al precio de la gestión de los residuos que se realiza, y se incluirá la recogida, el transporte, el tratamiento de residuos, la vigilancia, las campañas de comunicación y los ingresos por la venta de los materiales recuperados, así como la energía que se genere de ellos. Además, se pasará el recibo a unidades fiscales, es decir, en ningún caso pagará lo mismo un ciudadano que un establecimiento, ya que habrá un baremo que dictaminará cuánto pagar en función de cuánto se genere (muchos consistorios ya lo aplican). La norma también prevé que se haga un censo de instalaciones con amianto, así como un calendario de retirada. Además, añade que esa tasa tiene que recoger el coste de todas las fracciones de residuos, ya que la recogida separada es otra de las obligaciones que se recogen en la norma estatal y que se ha ido implementando poco a poco en todos los municipios. Las entidades locales establecerán la recogida separada de, al menos, el papel, metal, plásticos, biorresiduos, residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos, los residuos voluminosos y otras fracciones determinadas. Además, se suma otra obligación: las entidades locales deberán informar anualmente de los residuos que recogen, por flujos, de las instalaciones que gestionan y de sus procesos internos, así como del destino final de todos esos residuos. Tarea complicada pues para los entes locales, pero sin duda necesaria porque falta mucha concienciación de la importancia de este servicio. Una gran mayoría de ciudadanos reciclan y tienen un alto sentido de la colectividad y el bien común, pero también hay otros muchos que piensan que la retirada de los residuos es una obligación del ayuntamiento y en nada contribuyen a que este proceso sea ejemplar. Los montones de bolsas o directamente basuras o residuos amontonados al lado de los contenedores es un paisaje intolerable que entre todos hemos de erradicar y que cuesta mucho dinero de los contribuyentes. Esta normativa de obligado cumplimiento puede ser una oportunidad para aumentar nuestro civismo colectivo, muy mejorable.