El espíritu de la ley de Amnistía

“Criterio interpretativo de las normas jurídicas que atiende principalmente a la intención del legislador o finalidad que inspiró su adopción”. Esta es la definición del concepto “espíritu de la ley” que figura en el diccionario panhispánico del español jurídico. Y es que a pesar de que toda normativa es interpretable, hay cuestiones centrales que están claras y que solo pueden alterarse si la intención no es interpretar, sino retorcer su contenido. Esto es lo que parece estar haciendo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a la hora de argumentar, en un auto firmado ayer, su negativa a aplicar la ley de Amnistía al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, rechazando los recursos presentados tanto por los afectados como por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los recurrentes destacaban que la ley solo excluye la amnistía en el supuesto de malversación cuando esta comporta un enriquecimiento personal, señalando que este nunca fue el caso de los gastos autorizados durante el procés, como los destinados a costear el referéndum del 1 de octubre de 2017. El juez responde sosteniendo que lo que la norma define como enriquecimiento va más allá del estrictamente monetario y que “sitúa en una misma consideración legal a quien malversa caudales públicos para incrementar su dinero o capital; a quien adquiere a su nombre bienes o derechos, pero domiciliando el pago del precio en las cuentas bancarias de la Administración; y a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria”. Es decir, que concluye que como los procesados eran promotores políticos del procés se beneficiaban personalmente de estos gastos. En este sentido, abunda en esta línea cuando indica que “por más que exista una cierta proximidad entre las funciones públicas desempeñadas por los responsables y el objeto del gasto, no es predicable que el beneficio tuviera otra naturaleza que la personal”. Es totalmente lícito que a un juez no le guste una ley, pero lo que no debería hacer es retorcer su interpretación para evitar aplicarla. Y esta es la impresión que transmite el auto de Llarena. Falta de oferta de alquilerEn los últimos meses hemos informado de que el mercado del alquiler cada vez está más tensionado en Lleida porque la demanda es mucho mayor que la oferta, lo que provoca que los precios aumenten y que cada vez sea más habitual arrendar habitaciones, por las que ya se pagan 300 euros al mes. Hoy, damos cuenta de que los interesados por cada piso de alquiler han pasado de una media de 20 a 49 en lo que va de año. Otro dato que constata que las administraciones deben actuar de forma urgente