Alquileres temporales y vivienda
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y definitivamente por el Senado el 17 de mayo. Se trataba de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluía otros proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Así, la ley detalló medidas que pretendían aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Asimismo, se ofreció a las comunidades autónomas y municipios “diferentes herramientas para contribuir a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social (sic)”. Pasado más de un año, la situación del acceso a la vivienda en Lleida y resto de Catalunya sigue siendo muy precaria y el precio del alquiler no ha bajado e incluso existe menos oferta que antes en muchos municipios. Por tanto, era absolutamente necesaria la reglamentación para evitar que los grandes tenedores especularan con los precios, mientras el ciudadano medio debe dedicar la mitad de su sueldo al alquiler, y más teniendo en cuenta que la compra sigue estando también por las nubes y ni se construye vivienda social ni bajan los precios de la poca que se edifica. Ante esta tesitura se intenta ahora modificar la ley del 2023 porque por un descuido en su redacción se había dejado un vacío legal en los alquileres temporales, que al ser de menos de un año (once meses como máximo) esquivan la reglamentación en vigor y pueden subir el precio a su antojo al estar sujetos solo al Código Civil, es decir a la voluntad de las partes. Así, a iniciativa de Sumar y con base a una propuesta del Sindicat de Llogateres, el PSOE, con el apoyo de ERC, Bildu y BNG, había pactado aprobar la tramitación parlamentaria de esta modificación con la pretensión de que PNV y Junts se sumarían. Los vascos pasaron de la abstención al sí y los de Puigdemont, viendo que la ley prosperaría aunque se abstuvieran, votaron no, con lo que la reforma queda bloqueada. Sin duda tiene razón Junts cuando dice que el Estado no puede eludir su responsabilidad de solucionar el problema de la vivienda cargando las tintas a los pequeños propietarios y que lo que se necesita es activar de una vez la construcción de pisos sociales y conseguir poner a la venta o al alquiler viviendas asequibles, sobre todo para jóvenes. Pero se equivoca Míriam Nogueras y su grupo parlamentario negando que estos cambios en los alquileres temporales pueden ayudar a mejorar la situación de muchas personas, sobre todo estudiantes o trabajadores itinerantes que ven cómo les suben el precio con amparo legal. Evidentemente no solucionaría el problema pero menos es el nada del bloqueo.
