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El Gobierno desclasificará informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. Así lo confirmaron ayer fuentes del ministerio de Defensa, que no ven ningún problema en que puedan consultarse los documentos del CNI sobre los ataques terroristas que dejaron 16 muertos y 152 heridos porque “no hay nada comprometido”. Esta era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad. De hecho, hace meses Bolaños, uno de los negociadores del PSOE con los independentistas, exigió que el Gobierno cediera ante esta demanda. Sin embargo, entonces la Moncloa dijo “no”. Los partidos independentistas, así como familiares de las víctimas, llevan años reclamando que se analice al detalle la conexión del CNI con el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerado el cerebro de los atentados en Catalunya y que murió el 16 de agosto en la explosión de la casa de Alcanar. En ese inmueble, ubicado en una urbanización cerca de la playa, es donde la célula terrorista preparaba los explosivos. Precisamente ayer se reanudaron en el Congreso los trabajos de la Comisión de Investigación para conocer las implicaciones derivadas de los atentados de 2017. Del mismo modo, se reemprendieron también las sesiones de la comisión de investigación sobre la denominada Operación Catalunya. 

Un avance sin duda en la transparencia que exigen los ciudadanos en relación a las actuaciones de las instituciones. España tiene vigente aún una ley de secretos oficiales de la época franquista y es evidente que ha cambiado mucho la sociedad desde ese año 1968, en que se aprobó, y que la sociedad quiere saber cómo actúan sus poderes públicos, del mismo modo que la vergonzosa forma de proceder del rey emérito. Qué sucedió entre el CNI y su confidente, el imán de Ripoll, y la colaboración que hubo, si la hubo, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos sobre este terrorista. No se trata de desacreditar a nadie, se trata de saber qué pasó, por qué pasó y evitar que no vuelva a pasar. Sobre todo, para poder confiar en quienes nos representan y defienden.

La cultura del agua

Las inversiones en regadíos y su modernización, así como la mejora de la gestión y su ahorro, tanto en consumo doméstico como en el agrario y ganadero, son uno de los retos más inminentes que tiene nuestra sociedad ante el cambio climático y los períodos de sequía. Los 105 millones que anuncia el ministro Luis Planas a los regantes de Lleida son una buena noticia para que la nueva cultura del agua no se quede en el ámbito de las buenas intenciones

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