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El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimado el recurso que presentó el Comú en contra de la retirada del puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia al considerar que no ha habido una modificación sustancial del contrato de recogida de basuras y ha levantado la suspensión cautelar que impedía retirarlo en estos dos barrios de Lleida ciudad. El puerta a puerta se implementó en Pardinyes y Balàfia en marzo de 2021 por el gobierno tripartito de ERC, Junts y el Comú y su entrada en servicio estuvo acompañada de quejas tanto de los vecinos como de los grupos de la oposición. En marzo, el actual gobierno del PSC anunció que lo revertiría y volvería al modelo de islas de contenedores. Sin embargo, el Comú presentó un recurso al considerar que no tuvo un seguimiento adecuado y que su reversión “fue impulsada sin una justificación adecuada”. La lógica del Comú a oponerse a eliminar un puerta a puerta que ellos implantaron se entiende, pero choca que criticaran que el nuevo gobierno de la Paeria no hiciera un seguimiento adecuado, cuando mientras estuvieron ellos fueron incapaces de dar respuesta a las carencias evidentes que el puerta a puerta tuvo y tiene en estos barrios. Es evidente que la mejora de la recogida de las basuras y el reciclaje obligado por la Eurocámara es una necesidad cívica y medioambiental que hay que acometer y, además, con un calendario fijado, pero igualmente cierto es que no se puede empezar a construir una casa por el tejado y los cimientos de la separación de residuos deben asentarse poco a poco y con garantías. No tienen la misma idiosincrasia los municipios de la Segarra, Les Garrigues, el Segrià o la misma Tàrrega, que arranca ahora el puerta a puerta, que la capital de Ponent, y esas diversidades poblacionales y sociales han de tenerse en cuenta. La economía circular de la UE, que incluye una serie de objetivos jurídicamente vinculantes para todos los Estados, marca que en 2025 se recicle un 70% de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65% de los envases, un 75% del papel y el cartón, un 50% de los residuos plásticos y de aluminio y un 25% de la madera. Estos porcentajes se volverán más ambiciosos un lustro más tarde y se ha fijado la meta del 2035 para los residuos municipales, cuyo reciclado debe ser de al menos un 65% ese año. Hay que caminar sin pausa hacia este objetivo, pero evidentemente las prisas tampoco son buenas consejeras. Reciclar requiere ante todo concienciación de la población, compromiso de las grandes cadenas de supermercados de no generar residuos en exceso y que tiendan a la sostenibilidad de los envases. También instrumentos, tecnológicos y de personal de las empresas encargadas de la recogida, sentido común en los horarios y puntos de recogida y, por supuesto, incentivar a quienes participan del bien colectivo y penalizar a los incívicos. No es fácil pero es indispensable.

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