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Desde el año 2021 se está produciendo en Lleida, Catalunya y el conjunto del Estado un desajuste importante entre la oferta de vivienda y la demanda, lo que deriva en un tensionamiento del mercado que presiona los precios al alza y dificulta el acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes y a colectivos vulnerables. La solución no es fácil porque la burbuja del 2008 dejó heridas sangrantes que todavía hoy no se han curado. Para los bancos, porque les dejaron de pagar miles de créditos de promotores y particulares que no pudieron hacer frente a las hipotecas y se tuvieron que quedar miles de pisos. Las inmobiliarias y constructoras, las que no desaparecieron ahogadas por las deudas, van con mucho tiento a la hora de promover viviendas por la carestía de precios y, en cuanto a los ciudadanos de a pie, se ha reducido la oferta y encarecido los precios, tanto de alquiler como de compra, lo que nos lleva a una situación insostenible. La combinación de una gestión eficaz del suelo urbanizable, la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles, la regulación adecuada del mercado de alquiler y el desarrollo de políticas de financiación sostenibles contribuiría a un mercado inmobiliario más equilibrado y justo. En cuanto a la participación pública en la promoción o alquiler de vivienda, esta puede ayudar pero también llevar a incentivos inadecuados. Se ha demostrado que las intervenciones públicas, si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados. Es esencial, por tanto, un equilibrio entre la participación pública y la incentivación del sector privado. Este pasado domingo, en Madrid, decenas de miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho a la vivienda, clamar contra la subida de los alquileres y exigir “un cambio” en las políticas de vivienda. SEGRE ya publicó en marzo de este año un amplio reportaje sobre la situación del acceso a la vivienda para los jóvenes y personas con pocos recursos con la conclusión de que la mayoría de jóvenes de menos de 30 años solo pueden independizarse compartiendo piso y los vulnerables deben recurrir a la oferta social (poca), la okupación o el hacinamiento. No cabe la menor duda, pues, de que es una prioridad que todas las administraciones tienen la obligación de abordar.Rescates de ‘boletaires’Quince rescates de boletaires en el Pirineo desde el pasado septiembre, cuando justo estamos a mediados de octubre, es un dato bastante significativo para que ante la campaña de recogida de setas que hemos comenzado tomemos todas las precauciones de seguridad necesarias

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