La dependencia que viene
La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión se comprometió a publicar nuevos datos de la ley de Dependencia con el compromiso de presentar antes de finales de año un plan de choque para reducir la larga lista de espera. El secretario general del departamento, Raúl Moreno, cree que la publicación de estas cifras debe permitir monitorizar de forma pública todo el proceso. A finales de diciembre de 2023, el tiempo medio de espera de resolución de grado se situó en los 125 días en los Servicios de Valoración de la Dependencia (Sevad) de Lleida, ocupando el décimo lugar del ranking catalán, liderado por los de Osona, con una espera media de 168 días. En el caso del Alt Pirineu, se situó en los 104 días y en Aran, en 66 días. En Catalunya, el tiempo medio estaba en 120 días. En el conjunto de los Sevad de las comarcas leridanas, según los datos a diciembre de 2023, había pendientes un total de 2.539 valoraciones de resolución de grado. Asimismo, durante el año pasado se resolvieron 686, lo que supone una media de 1,8 al día. Por otra parte, los principales grupos parlamentarios del Congreso expresaron el pasado día 8 de este mes su respaldo a volver a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada hace diez años por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para hacer más justo el copago para los beneficiarios de Dependencia. En concreto, reclaman que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tengan en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. Ayer, por su parte, una investigación elaborada por la Unión de Entidades, con colaboración de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el ministerio de Derechos Sociales, concluye que Catalunya necesitará 25.000 plazas nuevas de residencias y 20.000 profesionales más en los diez próximos años por el envejecimiento de la generación del baby-boom y vaticina que, a corto plazo, podría no haber suficientes profesionales para atender a las personas mayores si no se produce una mejora sustancial de la financiación pública. Ahora mismo, el estado del sistema de asistencia en Catalunya es que hay unas 62.000 plazas residenciales y 20.000 diurnas, el 85% de titularidad privada (muchas con financiación pública en un sistema de concertación), del todo insuficientes para afrontar la próxima década. “Si no disponemos de más profesionales y una formación adecuada, tendremos un grave problema de atención”, afirmó la presidenta de ACRA, Cinta Pascual. Un problema sin duda del que llevamos tiempo advirtiendo y que requiere financiación, personal adecuado y mucha colaboración de todas las administraciones. Si no se actúa de inmediato, el sistema puede colapsar completamente y el problema social será muy grave.
