Vivienda, presente y futuro
El Consell Executiu aprobó el martes el decreto del plan territorial sectorial de vivienda que establece que en 20 años los municipios de zonas consideradas de demanda residencial fuerte y acreditada deberán disponer de un parque mínimo destinado a políticas sociales del 15% de las residencias principales. En Lleida, la capital y otros 17 municipios tienen esta consideración. Son, además de la capital, El Pont de Suert, La Seu d’Urgell, Sort, Tremp, Solsona, Anglesola, Fondarella, Mollerussa, Balaguer, Golmés, El Palau d’Anglesola, Bellpuig, Guissona, Tàrrega, Cervera, Miralcamp y Vilagrassa. Sorprende que en el listado facilitado por la Generalitat no se incluya ningún municipio de la Val d’Aran. El proyecto contempla también que el parque de viviendas de alquiler asequible se incrementará en este plazo hasta el 9% de las viviendas principales en Catalunya. El decreto aprobado da un plazo de un año para que los municipios de zonas con demanda residencial fuerte y acreditada, obligados a cumplir el objetivo de “solidaridad urbana”, constituyan un censo de inmuebles destinados a políticas sociales. Con este objetivo, y el de cubrir el Plan 50.000 viviendas presentado por el President Illa, la Generalitat ha hecho un llamamiento a través de las delegaciones para que los ayuntamientos den cuenta de la disponibilidad de suelo urbano municipal, que se destinará a este fin. La delegada del Pirineo, Sílvia Romero, dijo que numerosos ayuntamientos han respondido, ya que “es una cuestión que les preocupa mucho”. La música de todos estos anuncios suena bien, pero recordemos que el President José Montilla ya prometió 50.000 viviendas en 2006 y que se necesita mucho más que intenciones para convertir deseos en realidades. Además, todos estos planes son a largo plazo y el problema es de hoy, y si bien es cierto que para que un árbol crezca primero hay que plantarlo, también es verdad que no podemos esperar 15 o 20 años a disponer de pisos y casas, tanto de alquiler como de propiedad mucho más accesibles. Las administraciones, en general, se preocupan bastante de los colectivos vulnerables y es justo que así sea y los ricos ya tienen sus propios mecanismos para hacerse oír, el problema está en esta inmensa clase media que va desde los que cobran 25.000 euros anuales a los 40.000, que tiene pocas ayudas o incentivos fiscales, que ya hace años ni les desgrava la hipoteca y que es la que más contribuye a mantener la sociedad del bienestar. Una sociedad justa debe gravar a quien más tiene y velar por los más necesitados, pero no se puede olvidar a esta amplia capa de personas que antes llamábamos clase media y que cada día está más empobrecida. Hay que planificar el parque de viviendas del futuro, sin duda, pero hay una problemática urgente de falta de pisos y casas que requiere soluciones inmediatas y que las administraciones tienen que priorizar.
