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Estremece escuchar los testimonios de los vecinos de los municipios del País Valencià más afectados por la gota fría, que ayer ya sumaba más de 158 muertos. “Esto es la guerra. No tenemos luz, ni agua, hacemos nuestras necesidades en bolsas porque los sumideros no absorben, no tenemos comida, he ido a buscar algo para dar a mis hijos a un supermercado arrasado por la lluvia. Nunca pensé que podría llegar a hacer esto.” Estas declaraciones de una mujer de Picanya son solo un ejemplo de los centenares de desgarradores relatos que escuchamos de personas que lo han perdido casi todo. “No queremos que vengan los políticos a hacer el paripé, queremos ayuda de verdad”. Así de contundente resumía otro vecino de Torrent la situación. Que la Generalitat valenciana falló en la previsión y comunicación de la DANA está claro y no hay excusas que valgan. Ahora toca que todas las administraciones se muevan y que no sea solo la solidaridad de la gente o de las entidades u ONGS las que reparen los daños. Los ciudadanos pagamos impuestos, votamos y cumplimos con todas nuestras obligaciones comunitarias para que aquellos en quienes delegamos el poder y la responsabilidad colectiva los asuman y gestionen con equidad, justicia y sentido común y no es de recibo lo que está sucediendo en València. Es evidente que más de 400 litros por metro cuadrado es mucha agua y que la urbanización de las riberas, la sequía que ha dejado maleza y árboles en los cauces y la alta movilidad y tránsito de personas son factores determinantes y que, aunque hubieran funcionado los sistemas de emergencia y comunicación, hubieran existido igualmente daños. Pero una cosa es el imparable ímpetu de la naturaleza y, otra, la ineficacia y dejadez de la administración valenciana. Y que esta nueva tragedia sirva, una vez más, como aviso para navegantes y no olvidemos que un total de 101.752 personas residen en municipios de Lleida expuestos a riesgos de inundación porque sus ayuntamientos no disponen de un plan homologado para hacer frente a este tipo de eventos hidrológicos o lo tienen caducado, según los datos de Protecció Civil de la Generalitat. Tres de los diez municipios en los que ese documento no ha sido aprobado se encuentran en el Noguera Ribagorçana. Son El Pont de Suert, la Vall de Boí y Vilaller, los tres que integran la comarca de la Alta Ribagorça, que es la única de la demarcación en la que ningún ayuntamiento dispone de esa herramienta. Otros dos, Navés y Olius, en el Solsonès, se encuentran en la ribera del Cardener; Bossòst, en Aran, a orillas del Garona, y Lladorre, junto a la Noguera de Cardós. Los otros cuatro son del llano, cuya amenaza procede de ríos poco caudalosos y entre los que tiene el plan en revisión se encuentran Balaguer, La Seu, Sort y Tremp, que no deben olvidar que prevenir siempre es mejor que curar.

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