Prevención de riadas en el siglo XXI

Los campings de Lleida están en el punto de mira desde que la Generalitat de Catalunya anunció el martes que 16 de ellos (la mayoría en el Pirineo) están ubicados en su mayor parte en zona de flujo preferente, la de más riesgo ante riadas, y que deben hallar una solución a su emplazamiento. Sin embargo, los propietarios de los campings rechazan de plano que el cierre sea una alternativa y reclaman otras soluciones, especialmente, la implantación de sistemas de alerta en la propia cabecera de los ríos para avisar de una eventual crecida del agua. La presidenta de la asociación de campings de Lleida, Cel Feliu, asegura que “la Generalitat tiene datos obsoletos” sobre estas instalaciones ya que algunos de los que le constan están cerrados y otros han introducido ya modificaciones para adaptarse a la normativa de inundabilidad. Añadió que “ya hemos empezado a hablar sobre cómo poner en marcha los sistemas de aviso en cabecera. Con sensores y algunas obras que deben llevarse a cabo la situación se podría normalizar”. Feliu rechazó tanto el cierre de los equipamientos como su traslado, que son opciones que la consellera Sílvia Paneque anunció, al igual que la expropiación. Uno de los instrumentos con los que cuenta el sector es el sistema de alertas primerizas de inundación (SAPI), cuya implantación permitiría mejorar los avisos a los usuarios de campings. La implantación del SAPI, sin embargo, ha quedado al margen de las subvenciones incluidas en los Next Generation, pero el presidente de la Diputación, Joan Talarn, en declaraciones a Ràdio Lleida, señaló que la corporación estaría dispuesta a pagar estos sensores, pero admitió que no tiene la logística para llevar el control. Es por eso, y por su homologación, que pide al gobierno catalán que contemple esta posibilidad, que aplaudimos porque hay que aprender a convivir con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos que provoca, primando siempre la seguridad de las personas pero intentando perjudicar lo mínimo posible a los sectores económicos, como el turismo, que es vital para el asentamiento de la población en el Pirineo. Vivimos en el siglo XXI y la tecnología ha de hacer posible actuar con rapidez y eficacia en casos de avenidas. La irresponsabilidad del gobierno valenciano merece una reflexión pero no puede cuestionar el buen trabajo de prevención que se está haciendo en otros sectores y territorios. Todos estamos conmocionados por las muertes del País Valencià y enrabietados por la mala gestión de prevención que hizo Carlos Mazón y su gobierno. Este miedo colectivo se ha trasladado también a las administraciones. Un ejemplo de este efecto dominó lo encontramos en el corte que se hizo el miércoles de autopistas y carreteras en Tarragona, además de confinamientos en poblaciones y barrios. Siempre es mejor prevenir que curar, pero hay que encontrar el término proporcionado.