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El próximo sábado se cumplirá el 20 aniversario de un crimen atroz cometido en Lleida. Su autor, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, asesinó y violó a Isabel Bascuñana, una joven estudiante de Derecho de solo 21 años. Fue detenido ocho días después y al cabo de otra semana trascendió que era un asesino en serie que en su país de origen, Ecuador, había matado a 8 mujeres entre 1988 y 1993, una atrocidad por la que tan solo cumplió ocho años de prisión. Allí era conocido como el Monstruo de Machala y, una vez libre, se trasladó a España y se acabó instalando en Lleida, donde su situación fue regularizada en 2001 sin que constara este historial delictivo debido a un error de la subdelegación del Gobierno. Chamba fue condenado a 45 años de cárcel, pero solo cumplirá 25, porque en ese momento la pena máxima en España era de 20 años, solo podía ampliarse en casos excepcionales hasta un tope de 30 y la prisión permanente revisable que entró en vigor años más tarde no puede aplicarse de forma retroactiva. Así que, en definitivas cuentas, quedará en libertad dentro de un lustro, en 2029. Y lo que es peor, esto sucederá después de que haya rechazado participar en el programa individual de tratamiento de la violencia sexual. Es decir, es un psicópata que no está dispuesto a cambiar ni un ápice su comportamiento. El jefe de investigación de los Mossos d’Esquadra que digirió el operativo de su detención tiene claro, tanto ahora como en su declaración durante el juicio celebrado en 2005, que cuando salga de la cárcel volverá a asesinar o, como mínimo, a intentarlo. Precisamente, la sentencia condenatoria indicaba literalmente que Chamba “presenta el perfil de la psicopatía con violencia gratuita y persistente, junto a una profunda desviación sexual consistente en la necesidad de unir el sexo forzado con la muerte”. La pregunta es qué hay que hacer en estos casos, en los que está muy claro que el criminal que sale de la cárcel mantiene intacto el comportamiento que le llevó a la reclusión y continúa siendo un peligro para la sociedad. La sentencia que condenó a Chamba establece que una vez quede en libertad no podrá residir en Lleida ni en un radio de 100 kilómetros a la redonda durante los siguientes diez años. También abre la puerta a que el Estado proceda a su expulsión del país, lo que requerirá de un tiempo de tramitación, a menos que se haga con antelación. Si durante lo que le queda de condena no sufre ningún deterioro físico notable, es evidente que cuando salga de la cárcel de Quatre Camins las fuerzas de seguridad deberán estar muy pendientes de sus pasos, a pesar de que entonces tendrá 66 años. La realidad es la que es, y hay personas que sencillamente son criminales. Chamba es una de ellas y lo mejor que puede hacerse en memoria de Isabel Bascuñana y de sus anteriores víctimas es velar porque no pueda hacer daño a nadie más.

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