El empleo público como termómetro económico...
Un total de 808 aspirantes se presentaron el sábado a las pruebas del concurso de oposición del ayuntamiento de Lleida para cubrir 60 plazas de auxiliar administrativo, categoría que ocupa una de las escalas más bajas en la función pública. Se trata de un número récord en una convocatoria del consistorio de la capital que todavía hubiera podido ser mayor, porque había un millar de inscritos y unos doscientos no acudieron. Es evidente que muchas personas quieren acceder a un empleo público, porque esta gran demanda se ha repetido en los últimos meses en convocatorias de otras administraciones. En tiempos de incertidumbre como los actuales, poder tener una plaza fija casi garantizada de por vida tiene más atractivo, aunque de entrada el salario no sea excesivamente elevado. Además, esta última connotación ha perdido relevancia porque muchas personas que tienen un trabajo perciben retribuciones con las que no llegan a final de mes o lo hacen a duras penas, así que para ellas trabajar en la administración es una buena salida. Y otro punto que pesa a favor de esta opción es que las prestaciones en forma de días de libre a disposición, permisos o ayudas superan a las vigentes en la mayoría de las empresas. Todos estos factores permiten concluir que la capacidad de atracción del empleo público depende más de la dinámica de la economía que no de que los jóvenes sean ahora menos emprendedores o se esfuercen menos que antes.
...y de la acción política
Todas las administraciones se encuentran en la fase final del proceso de estabilización impuesto por la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada a instancias de la UE para que los trabajadores sin plaza fija no sean más del 8%. Cuando empezó este procedimiento este porcentaje era de entre 4 y 5 veces más en muchos sectores y había empleados temporales que llevaban más de diez años en esta situación. El motivo fue que la denominada “ley Montoro” aprobada en 2012 por el Gobierno del PP limitaba drásticamente la capacidad de convocar oposiciones para cubrir vacantes, también las generadas por jubilaciones. La solución por la que optaron las administraciones, incluida la central, fue recurrir a interinos y laborales temporales, que iban enlazando contratos, sin que en muchos casos hubiera ningún proceso de selección. Y ahora, un buen número de ellos han accedido a una plaza fija solo a través de un concurso de méritos. Es decir, que una ley que teóricamente quería racionalizar la función pública lo que hizo fue distorsionar su funcionamiento y menoscabar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la misma.
