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El Día Mundial de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, se estableció por la ONU para impulsar una sociedad más inclusiva para las personas con deficiencias físicas o mentales. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas (15% de la población mundial) tienen algún tipo de discapacidad y están más en riesgo de caer en la pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades, movilidad limitada, discriminación, violaciones a su dignidad, abusos y prejuicios. Además, este amplio colectivo sufre aún la percepción de ser sujetos de caridad, en vez de poseedores de derechos que estamos obligados a promover y respetar. Por ello, es necesario cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido por las instituciones de salud o servicios sociales, a uno en que también los responsables de la educación, trabajo y la justicia deben atenderles. El martes, un grupo de ediles de la Paeria hizo un recorrido por Lleida en silla de ruedas para ponerse en su situación y a buen seguro que sintieron las desventajas que comporta esta deficiencia física y es de esperar que tengan en cuenta la experiencia para poner soluciones urbanísticas, pero las medidas de inclusión no han de ser flor de un día, sino una obligación de todas las administraciones, en demasiadas ocasiones muy dadas a grandes discursos de integración y poca concreción. Es cierto que se ha avanzado mucho, tanto en el lenguaje como en leyes, pero el camino todavía es muy largo para conseguir una plena inclusión. 

Agua, segunda parte

Decíamos ayer que la Jornada sobre el agua organizada por SEGRE y la Fundació Horitzons 2050 el martes era una oportunidad para poner en valor la nueva cultura del agua y los muchos debates sobre su uso y utilización que tenemos sobre la mesa. Y no podía ser más oportuno el diálogo y las opiniones aportadas por los expertos e integrantes de los diferentes sectores agroganaderos presentes, porque ayer mismo cobró protagonismo una discusión tan vieja como el agua misma: las interconexiones de cuencas. Así, el Observatorio Intercolegial del Agua de Catalunya hizo pública la propuesta de llegar a un pacto con los regantes del Segre y el área metropolitana para intercambiar inversiones en modernización, que el Canal d’Urgell ha de acometer de forma urgente, a cambio de un caudal de 50 hectómetros cúbicos al año en situación de emergencia para el área de Barcelona, la mayor demandante de consumo de boca por su gran concentración demográfica. Es un tema espinoso y controvertido, pero que hay que abordar con seriedad, rigor, datos y presupuestos sobre la mesa

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