El derecho a la vivienda

La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000) señala en su artículo 34.3 que “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”. En cuanto al Estado español, el artículo 47 de la Constitución (que ayer cumplió 46 años) protege el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La violación del derecho a la vivienda afecta a millones de personas en España, ya que se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables, pero no solo a este colectivo, ya que ciudadanos y familias con trabajo que hasta hace poco formaban parte de este amplio espectro que denominamos clase media, a día de hoy ha de dedicar casi el 50% de sus ingresos al alquiler o pago de hipotecas y la edad media de personas que alquilan una vivienda compartida ha subido hasta los 34 años y los jóvenes lo tienen cada día más complicado para independizarse de sus padres. En mayo de 2023 entró en vigor la primera ley estatal de Vivienda y sin duda es un paso adelante, pero que de poco servirá si no va acompañada de otras medidas que impulsen la construcción, que lleva años estancada tras la crisis del 2008 y los elevados costes de los materiales y el cierre del grifo bancario y, por otra parte, que se habilite mucha más vivienda social y a precios asequibles desde todos los estamentos y administraciones.Buena noticiaLa decisión de la conselleria de Educación de mantener las líneas que quería cerrar en las escuelas Alba y Espiga de Lleida siempre que se inscriban un mínimo de 25 alumnos en cada línea es una buena noticia para la ciudad porque ambas llevan muchos años luchando no solo por educar a sus alumnos, sino también en formarlos con una clara voluntad de servicio a la sociedad, de pensamiento creativo y crítico y de reivindicación de la escuela catalana