Un caso esperpéntico de okupación

La impotencia que siente una familia de Girona porque la policía les ha echado de su casa tras ser okupada por tres personas (estaba cerrada porque tienen que hacer obras para convertirla en su vivienda habitual) es todo un ejemplo de cómo la ley no protege a los propietarios, o de cómo no diferencia entre personas vulnerables que okupan pisos de bancos o fondos de inversión, de otras sin escrúpulos o mafias que han convertido la okupación en una forma de vida. El pasado domingo, y a través de un hilo en X (antes Twitter), el propietario, Jordi Riera, denunció cómo los agentes les habían echado de su vivienda el pasado 2 de enero, según publicó Diari de Girona. La familia la compró hace tres años y recientemente recibió la licencia para poder ejecutar la reforma. Pero el problema llegó cuando unos vecinos les llamaron porque oían ruidos en el interior. Jordi Riera y su padre fueron rápidamente hacia allí y, al llegar, observaron cómo alguien había entrado por la fuerza, dejando el inmueble también en mal estado y habiendo derrocado la tapia que habían levantado hace unos meses porque se había producido otro intento de intrusión. En el momento de llegar, no había nadie dentro de la casa, pero mientras esperaban que fuera un albañil para reconstruir la tapia, llegó un hombre de unos 35 años, bien vestido y con buen aspecto, que exigió entrar, relató Riera. Al negarse el propietario, el individuo se marchó, pero volvió al poco rato con otros dos hombres. Estos les amenazaron desde fuera, mientras él, desde dentro, llamó a la policía municipal. Los agentes identificaron a los tres individuos, uno de los cuales “tenía una causa penal pendiente”. Fue en ese momento en que la policía les recomendó “abandonar la casa”, porque, según los mismos agentes, “había indicios de que esa era la residencia de los intrusos”. Todo porque había un vídeo grabado por ellos durmiendo entre mantas y cocinando en una casa sin gas, agua ni luz. En un primer momento, Riera y su padre se negaron rotundamente, pero entonces los agentes les advirtieron de que si no se marchaban podrían ser acusados de “violación de domicilio” e, incluso, ser “detenidos”. Los okupas, finalmente, entraron en la casa y lo hicieron aplaudiendo. El relato ha sido verificado por el ayuntamiento de Girona y sorprende que todavía no esté en vigor una ley aprobada por el Congreso el año pasado, denominada coloquialmente como “antiokupas”, que ha de permitir agilizar los procesos de desalojo de viviendas ocupadas de forma ilegal en toda España. Gracias a esta nueva reforma, se debería poder desalojar a los okupas o a los inquilinos en cuestión de horas o máximo 15 días pero, al parecer, el colapso judicial o la falta de medios o diligencias adecuadas están haciendo pasar por un calvario a esta familia, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Para qué sirven las leyes si no se aplican? Esperpéntico.