Infiltraciones intolerables
Los casos de infiltraciones de policías en movimientos sociales vuelven a sacudir la política catalana. Después de que el programa 30 Minuts de TV3 emitiera un documental producido por el digital La Directa, que aporta información inédita sobre esas actuaciones, la entidad en defensa de los derechos humanos Irídia ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar que se investigue esas infiltraciones después de que la justicia archivara la querella que ocho mujeres activistas presentaron contra uno de los agentes. El recurso denuncia que la negativa de la justicia a investigarlo supone una “grave” vulneración de los derechos humanos, además de un “incumplimiento grave de la obligación del Estado de garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes”. Ocho mujeres activistas con quien el policía intimó mientras estuvo infiltrado, entre los años 2020 y 2022, presentaron en enero de 2023 una querella contra él por delitos contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos, contra el ejercicio de los derechos cívicos y contra la libertad sexual. Sin embargo, en octubre de 2023, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona rechazó investigar al policía, al no ver indicios de delito en la conducta del agente, una resolución que después fue confirmada por la Audiencia de Barcelona. Todos estaremos de acuerdo en que la infiltración avalada por los servicios secretos de cualquier país es lógica e indispensable en casos de terrorismo, yihadismo, narcotráfico o cualquier otro tema que pueda provocar terror colectivo, amenazas, extorsiones o seguridad de un estado, pero infiltrarse en movimientos sociales o culturales como Òmnium, cuyo único fin es la mejora del bien común o defender ideas democráticas y legítimas, es del todo inconcebible y requiere una explicación del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. No se puede pretender, bajo ningún concepto o excusa, defender el Estado de derecho violándolo en aras de un peligro inexistente.
Puerto seco en Tamarit
La empresa leridana Ponent Logístics promueve en Tamarit una plataforma logística ferroviaria paralela a la autovía A-22, la carretera N-240 y la vía de tren Zaragoza-Lleida suficiente para albergar empresas que empleen hasta a 2.000 trabajadores. Prevé duplicar las actuales diez circulaciones de tren en cada sentido que pasan por la vía de Lleida y abrir conexiones con Europa y la China.La UE le ha asignado 19,5 millones de euros. Buena iniciativa, de la que cabe preguntarse por qué la Generalitat puso palos a las ruedas para su implantación en Ponent.
