Una realidad incontestable
De los 3.620 afiliados a la Seguridad Social que ganaron las comarcas de Lleida en 2024, 2.183 habían nacido en un país extranjero. O, lo que es lo mismo, el 60% de los nuevos cotizantes registrados en la demarcación el año pasado eran trabajadores foráneos. Es una tendencia al alza. De hecho, estas cifras suponen un incremento del 5,18% respecto a 2023, por lo que este colectivo es ya esencial para dar impulso a la economía leridana. Una mano de obra imprescindible en el sector agrario, pero que también gana peso en la hostelería y en el transporte, donde representa un 21,46% de los 206.493 empleados de toda la demarcación, alcanzando los 44.327 afiliados. Por comarcas, la Segarra es, de lejos, la que tiene una mayor proporción de trabajadores foráneos. Uno de cada tres empleados que trabajaban en esta comarca a finales del año 2024 era extranjero, es decir, el 33,1% del total de los 10.510 afiliados a la Seguridad Social. Le sigue el Barcelonès (25,5%), el Alt Empordà (24,3%) y el Pla d’Urgell (22,6%). Esta realidad incontestable choca con las tesis de la ultraderecha, tan en auge, que ve a la inmigración como una amenaza. Es evidente que en muy pocos años se ha producido un cambio demográfico que implicará cada vez más retos sociales y una mayor valentía de los gobernantes a la hora de afrontarlos, pero no se puede negar que sin los trabajadores extranjeros la economía de Lleida y de buena parte de la Europa occidental tendría un serio problema de mano de obra. Con una tasa de natalidad entre las más bajas del mundo y la generación del llamado baby boom a las puertas de la jubilación, hay que trabajar por integrar socialmente a este colectivo y evitar los guetos que, como ha quedado demostrado en Francia, alimentan el odio y dificultan la asimilación cultural de las segundas y terceras generaciones. Estaría bien que la inmigración dejara de ser un arma política para ser un tema de consenso. Hay que invertir en el presente para asegurar un futuro próspero para todos.Apuesta por la BonaiguaEn pleno centenario de la construcción de la carretera de la Bonaigua que permitió unir el Pallars Sobirà con la Val d’Aran, la Generalitat ha anunciado que prevé invertir en un máximo de cinco años quince millones de euros para reforzar la seguridad de esta vía y evitar que los aludes afecten a la circulación de vehículos. Sin duda, una buena noticia. En 1924 se daba por hecho que el acceso de Aran al Pallars Sobirà solo podía ser hábil seis meses al año. En los últimos años, los cierres son cuestión de días y con esta nueva inversión tendrían un carácter prácticamente anecdótico. Una apuesta por la mejora de las comunicaciones del Pirineo que hay que aplaudir
