El catalán en la sanidad pública
No hay día que no haya una queja de alguien a quien no se ha atendido en catalán y, para mejorar la atención sanitaria de la población, hay que hacerlo con la lengua propia de las personas. Este fue el motivo por el que la Generalitat anunció una formación masiva e intensa de cursos dirigidos a 2.700 profesionales del sector en febrero del pasado año. Un año después, la consellera de Salud, Olga Pané, reconoce que la mitad del personal sanitario que empezó el curso gratuito online no lo acabó: del total de 2.700 profesionales que se inscribieron, lo terminaron 1.352, un 50%. Si tenemos en cuenta que Catalunya está obligada a importar médicos y personal de enfermería (el 52% de los colegiados en el último año proceden de fuera de la Unión Europea, y otro 25%, de otras zonas del Estado español), la necesidad imperiosa de renovar, mejorar o facilitar estos cursos de aprendizaje de la lengua propia de Catalunya resulta ya más que urgente. Los pacientes tienen el derecho, reconocido por ley, de ser atendidos en su lengua y la única manera de lograr esta normalización lingüística es que sea obligatorio su conocimiento para trabajar en la sanidad pública. Una lengua que no es necesaria, pierde hablantes cada día que pasa y no está precisamente el catalán para prescindir de su uso ni en la escuela, ni en la sanidad, los dos pilares de cualquier sociedad cohesionada y con vocación de conservar su esencia, cultura y voluntad de ser. Muchos son los polos para lograr esta integración de las personas venidas de fuera, pero sin duda en estos dos sectores está la piedra angular.El motor económicoLa Comunidad de Madrid aportó el 19,6% del PIB en el 2023, frente al 18,8% de la catalana, pero la diferencia de 0,75 puntos es la más elevada desde que Madrid dio el sorpasso a Catalunya en el 2017, coincidiendo con la crisis del procés. El Govern de Salvador Illa está decidido a darle la vuelta a la tortilla y por esto ha diseñado un plan económico de cinco años (2025-2030), para el que quiere “movilizar” 18.500 millones de euros y con el que pretende demostrar que Catalunya puede “volver a ser el motor económico de España con una receta progresista”. Aplaudimos evidentemente esta pretensión del presidente de la Generalitat, pero es evidente que Madrid parte con una ventaja muy difícil de superar por la competencia fiscal desleal que practica Isabel Díaz Ayuso y por el factor capitalidad y sus ventajas. Una cosa es eliminar trabas burocráticas e incentivar a las firmas para que se instalen en Catalunya, que en eso estamos todos de acuerdo y otra, subsanar la carencia de inversiones endémicas y el déficit fiscal que Catalunya padece desde hace años
