Coto a las llamadas más incómodas

Desde el mes de junio de 2023, el usuario tiene derecho a no recibir llamadas con fines comerciales, salvo que exista consentimiento previo, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones. La teoría es más que clara pero, como sucede tan a menudo, en la práctica la cosa no va en absoluto en este sentido. Porque resultaría difícil encontrar a alguien que disponga de un teléfono móvil o fijo que, en las últimas dos semanas (por acotar la situación en el tiempo), no haya recibido alguna comunicación indicándole que tiene su contrato energético desfasado, que le han cobrado de más o bien ofreciéndole alguna propuesta irresistible para cambiar de compañía. Son simplemente intentos de estafas, a los que desde hace unos meses también se suman presuntas ofertas laborales que, en caso de ser ciertas, se traducirían en trabajar poco y cobrar mucho, lo que, por supuesto, no deja de ser una utopía. Pues ante este acoso tan molesto e insistente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha apremiado a las comercializadoras de electricidad y gas a que vigilen la actuación de sus agentes de ventas para evitar este tipo de abusos y fraudes. En un informe, este organismo regulador independiente recomienda reforzar las medidas que imponen a sus comerciales “para evitar métodos de venta abusivos o equívocos” tras constatar la proliferación de este tipo de actuaciones. En su informe, la CNMC ha evidenciado que la mayoría de las compañías tienen comerciales propios y externos que generalmente contactan con los clientes a través de llamadas telefónicas y que todas imponen a sus agentes externos cláusulas contra la venta abusiva y fraudulenta, extremo este que, visto lo visto, no ha surtido demasiado efecto. El papel todo lo aguanta, pero es necesario que las buenas intenciones de la CNMC se traduzcan en hechos y que se acabe de una vez por todas con este acoso tan agobiante.

La salud animal no es un lujo

Cientos de veterinarios se manifestaron ayer en Barcelona para reclamar la eliminación o reducción del IVA de los servicios que prestan, que desde el 2012 se sitúa en el 21%, para equipararlo al del resto de atenciones sanitarias. Bajo el lema “La salud animal no es un lujo”, también exigieron, además de eliminar trámites burocráticos, cambios en la nueva ley de la regulación de los medicamentos veterinarios (que no diferencia explotaciones ganaderas y animales domésticos), que ahora impide a los profesionales dispensarlos en su consulta y obliga a adquirirlos en la farmacia, extremo que propiciará el malbaratamiento ya que, hasta ahora, podían proporcionar solo las dosis necesarias. Demasiados frenos a unos profesionales que, con el aumento de mascotas en las viviendas, son igual de necesarios e importantes que los médicos que nos atienden a los humanos.