Los agricultores y su futuro
El número de profesionales del campo está sufriendo un goteo de bajas, al mismo tiempo que se reduce el volumen de explotaciones agrarias. Lleida acabó 2023 con 8.542 agricultores y ganaderos cotizando en el régimen especial de autónomos del campo. Representa un descenso de 839 cotizantes con respecto a diciembre de 2019. Supone un descenso del 8,8% y la pérdida semanal de cuatro payeses durante cuatro años. Paralelamente, crece el volumen del empleo generado por el sector. Si al acabar 2019 había 2.346 asalariados en el sector agrario, un año después ascendían a 3.963. Supone medio millar más (+14,47%). En las campañas agrarias, como la frutícola o la vitivinícola, el número de afiliados en el régimen general se dispara por el número de temporeros que requiere el sector. Con esta pérdida constante de las empresas familiares agrarias, la subida de costes y bajadas de precios, la burocracia y las directrices obligatorias de la UE, la crisis que vive el campo de Lleida no pone en peligro el volumen de producción de frutas, ganado, forrajes o cereales, lo que realmente está en riesgo es una forma de vida que ha forjado el progreso de Ponent, ha frenado la despoblación y la desaparición, en definitiva, de una forma de vida mucho más cohesionada, sostenible y de progreso de la que tienen o viven los grandes latifundios de buena parte del estado español. Revertir esta situación y posibilitar que las pequeñas y medianas empresas agrarias tengan futuro es la meta de todas las demandas de los sindicatos agrarios y de todo el sector. En esta línea, centenares de agricultores se concentraron ayer en diferentes puntos de Lleida y resto de Catalunya, a pesar de la desconvocatoria del domingo por la noche de los cortes de carretera después de llegar a un acuerdo con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Los agricultores leridanos hicieron asambleas en Alcoletge, en el Segrià; en Les Bordes, en la Alta Ribagorça, y en La Panadella, en la Anoia. Un representante del Gremi de la Pagesia explicó: “No nos acabamos de fiar de la palabra de los políticos. Estamos aquí para demostrar nuestra fuerza y decirles que esto todavía no se ha acabado.” El portavoz del Gremi, Eduard Escolà, avisó también de que velarán para que los acuerdos “lleguen a buen puerto”. “Esperamos que sean una mejora real”, dijo. El pacto contempla, entre otros puntos, un aumento de los recursos para el control de la fauna salvaje; la reducción de la burocracia; mejoras fiscales para los agricultores profesionales, que incluyen una rebaja del tramo autonómico del impuesto que afecta a los hidrocarburos y también a los impuestos de sucesiones y transmisiones; ayudas por falta de floración a los cultivos de pera; cambios en el plan de sequía y mejoras de regadío y de acceso al agua; ayudas vinculadas a adversidades climáticas y otras problemáticas del sector y medidas contra los robos.
