El pírrico uso del catalán en la justicia

El uso del catalán por parte de los tribunales sigue en retroceso. Según los datos del departamento de Justicia, en los partidos judiciales de Tremp y Vielha el porcentaje de sentencias escritas en catalán fue del 0% el año pasado, es decir ninguna, y en el caso del de La Seu, el tanto por ciento se situó en un pírrico 0,4%. En el conjunto de las comarcas leridanas, las sentencias en catalán supusieron en 2024 solo el 8,97% del total de fallos, por debajo del 9,4% registrado en 2023, año que ya marcó una caída en picado. En las dos últimas décadas, los fallos en esta lengua han bajado más de la mitad. Según estas cifras, de las 11.354 sentencias dictadas el año pasado por los juzgados leridanos, solo 1.019 fueron en catalán. En el conjunto de Catalunya, el porcentaje se situó en el 6,7%. Por partidos judiciales, en el de Lleida fue solo del 5,5% de fallos en catalán respecto al total. El de Balaguer anotó la cifra más elevada, del 33,7%, seguido de Solsona, con el 25,5% y Cervera, del 24,5%. Asimismo, un 29,2% de los abogados del turno de oficio del Col·legi de l’Advocacia de Lleida están inscritos en el programa de fomento del uso del catalán, con un aumento respecto al año anterior. Por su parte, David Casellas, presidente de la comisión de la lengua del Consell de l’Advocacia de Catalunya, considera que se debería exigir el conocimiento del catalán a los jueces y fiscales que ejerzan en Catalunya, pero remarca que lo más importante es que los letrados lo utilicen sin “miedo” de que les pueda perjudicar. “Es una creencia que desde el Consell intentamos revertir”, aseguró. Mientras, el miembro de la asociación de jueces Àgora Judicial y magistrado de un juzgado social de Barcelona Xavier González de Rivera cree que falta formación “efectiva” para jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios. Asimismo, cree que se debería “estimular” económicamente el uso del catalán en los juzgados. Estas cifras y datos nos demuestran claramente que en el ámbito judicial es donde encontramos las vulneraciones lingüísticas más graves, ya que es la propia administración la que no cumple la normativa. La evolución decreciente del uso del catalán también la encontramos en los documentos notariales, mercantiles y registros de la propiedad. El catalán, que ya vive una situación de emergencia en la calle y en los establecimientos comerciales y hosteleros, está en la UCI en el ámbito judicial y requiere medidas urgentes, constantes y políticas de discriminación positiva hacia nuestra lengua. El idioma, que es la base de cualquier cultura y sociedad que aspira a perdurar y mantener su identidad, ha de ser útil y necesario en el día a día colectivo. El catalán no es un instrumento político ni patrimonio de ningún partido, sino la lengua oficial de Catalunya y su uso y conocimiento ha de ser indispensable en todos los sectores de nuestra sociedad.