Desperdicio alimentario
El Congreso aprobó ayer la ley contra el desperdicio alimentario, que incluye medidas como la obligación de que bares y restaurantes ofrezcan envases para llevarse las sobras, la exigencia de que los supermercados donen sus excedentes y la imposición de que todas las empresas de la cadena alimentaria cuenten con planes para evitar que la comida acabe en la basura. La ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario pretende reducir la cifra global de este despilfarro, que en 2023 se situó en España en 1,214 millones de toneladas, según los últimos datos del ministerio de Agricultura. Mientras, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas, alrededor del 30% de los alimentos que se producen, con un alto coste ambiental. Las diferentes patronales y asociaciones de la cadena alimentaria coinciden en que es una ley pionera en un país europeo, aunque ya existe una precisamente en Catalunya, que fue la primera comunidad que se preocupó por evitar el desperdicio alimentario. Estas leyes, tanto la catalana como ahora la española, cumplen tres objetivos: el social, porque se evita tirar comida; el ambiental, porque fabricar alimentos supone consumos de agua, energía y gestión de residuos que se perderían; y también el económico, porque producir para acabar en la basura es perder eficiencia en la gestión. Las industrias de alimentación y bebidas llevan años haciendo donaciones de alimentos y en Lleida y Catalunya entera el Banc dels Aliments lleva años picando piedra para evitar este desperdicio y favorecer así a los más necesitados. Queda todavía una asignatura pendiente y es la del consumidor porque en los hogares es donde más alimentos se desperdician. Y estos sobrantes provocan a su vez otro problema en las recogidas de basuras y las insuficientes cifras de reciclaje, además del incivismo de quienes tiran estos residuos fuera de los contenedores y de personas vulnerables que rebuscan en ellos por falta de alimentos.
Agua y modernización
Acertó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando en la Fira de Sant Josep de Mollerussa aseguró que la modernización del Canal d’Urgell y el resto de obras de ahorro de agua deben hacerse igual por mucho que llueva porque es precisamente en tiempos de bonanza cuando hay que planificar los de escasez. El riego a manta debe pasar a la historia porque por mucho que una parte de esta agua pase a los acuíferos, las previsiones del cambio climático, basadas en estudios científicos y estadísticos, son muy claras en augurar largos períodos de sequía que afectarán directamente a la agricultura.
