¡España, adelante!

El pasado fin de semana, el Partido Popular fundado por Don Manuel Fraga y que, por vez primera, llegó al Gobierno con el Presidente José María Aznar, ha celebrado su 18º Congreso Nacional en el que se ha elegido Presidente a Mariano Rajoy con el 95% de los votos y Secretaria General a María Dolores de Cospedal.

En las distintas ponencias, se han concretado las prioridades actuales y futuras de nuestros ciudadanos y nos hemos reafirmado en nuestros principios y valores.

El Partido Popular, que es la mayor organización política de España, no sólo es imprescindible para el funcionamiento de nuestro sistema, sino que también es el único que hoy dispone de la indispensable cohesión interna y de un liderazgo incuestionable para gobernar. Así lo entendieron los españoles en la España desolada y arruinada del 2011 que nos dejó Zapatero a punto de ser tutelada e intervenida.

En 2011 se perdían 1.500 empleos diarios, ahora se crean 500.000 empleos al año y en este último año se han registrado 1,5 millones de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, que es lo que sostiene pensiones, sanidad y educación. Pero esta larga crisis de la que vamos saliendo ha exigido esfuerzos y sacrificios que han provocado costes de todo tipo, electorales también. Aún así, los españoles por dos veces en seis meses (en diciembre y en junio) nos han vuelto a depositar la confianza, pero no la mayoría absoluta.

La economía, que está creciendo al 3,2%, va mejor, pero las circunstancias son difíciles porque ya no dependemos solo de nosotros mismos. Unas nuevas elecciones habrían sido mejores para el Partido Popular pero, para España, no. Y si somos, y presumimos de ello, un partido al servicio de los españoles, teníamos que poner a España por delante de los intereses del Partido Popular, salir del atasco, atender los compromisos europeos y recuperar el tiempo perdido. Los ciudadanos nos han pedido que gobernemos, pero eso también se lo han pedido a los demás. Y a todos, que atendamos los intereses generales. Lo hemos demostrado estos tres meses con numerosos acuerdos.

La situación en Catalunya mereció atención especial del Congreso y del Presidente Mariano Rajoy. Desde el 2012 y desde la conversión del Astut Mas y de Convergència al separatismo, el respaldo a la ruptura con el resto de España aún no siendo mayoritario ha experimentado un considerable aumento. Por diferentes razones: los recortes obligados por una crisis que ha llegado aquí también y, sobre todo, por la abrumadora corrupción que acecha a una Convergència que busca desesperadamente la impunidad rumbo a una idílica Ítaca independiente.

Y no se han escatimado falacias, argucias y engaños para conseguirlo. Las Instituciones, la TV3 y medios de comunicación, las escuelas y universidades, las subvenciones para los afines y hasta esas listas negras de contribuyentes, jueces y funcionarios recién descubiertas. Todo un proceso totalitario de propaganda y colonización ideológica al servicio de la ruptura en el que no han faltado mentiras como el España nos roba que hasta Rufián y Puigdemont reconocen que no es verdad.

La respuesta del Presidente del Gobierno fue meridianamente clara: si no se respeta la Ley, no hay Democracia. Y la Ley y la Constitución, como todas las constituciones del mundo, establecen que el derecho a decidir sobre lo que debe ser España lo tenemos todos los españoles, no sólo una parte de ellos y nada les puede privar de ese derecho. La primera obligación del Gobierno, y nadie le puede pedir que no lo haga, es preservar ese derecho y, con él, la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y sus derechos fundamentales. Sobre el cumplimiento de la Ley y la Constitución sentenció Mariano Rajoy que no es posible negociación alguna porque la obligación de un gobierno es cumplir y hacer cumplir la Ley sin la cual no existe la democracia. La Constitución se puede cambiar si así lo deciden los españoles por los procedimientos establecidos, pero el Gobierno no va a negociar sobre un referéndum que conduce a la fractura de España y a la liquidación de la soberanía nacional. Ni puede, ni debe, ni quiere.

Pero es evidente que el Gobierno quiere dialogar, aunque otros que tanto lo piden no lo parece y dejan las sillas vacías. Porque las infraestructuras, la financiación autonómica y la mejora de los servicios públicos en Catalunya son prioridades de este Gobierno. También recuperar las Instituciones para que estén al servicio de todos los catalanes y no sólo de los separatistas. Reconstruir la cohesión interna destruida por el secesionismo e informar verazmente de las consecuencias políticas, económicas y sociales que causaría la separación. Desde la salida de la Zona Euro, de la UE o de la imposibilidad de sostener servicios públicos y prestaciones sociales, entre otras muchas.

Por tanto, España va a seguir siendo España. Nadie nos va a separar. Nos respalda la Ley y el conjunto del pueblo español. Y nadie nos arrebatará la España actual, que es la mejor de la Historia. Un país tranquilo y seguro con un estado de bienestar en la vanguardia mundial, con espléndidas infraestructuras y que cumple sus compromisos. Un país atractivo para vivir, invertir y visitar. 75 millones de turistas lo hacen cada año. Cuando las cosas salen bien, hay que mirar adelante y cuando vengan nuevos tiempos, los españoles estaremos mejor preparados y más fuertes para vencer las dificultades. España, mal que les pese a algunos, sigue adelante.