Las pensiones después de la pandemia

La crisis económica provocada por la Covid-19 ha sido la más intensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y ello va a tener un impacto importante sobre el sistema de pensiones en España, y solo en el mejor de los casos, temporal. Porque, mientras el gasto en pensiones ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente estable, la intensa disminución de los ingresos por cotizaciones sociales durante la pandemia ha ahondado el deterioro del déficit contributivo a la Seguridad Social.

Esta crisis no ha hecho más que intensificar y anticipar en el tiempo el desequilibrio subyacente del sistema de pensiones en España, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la jubilación de la generación del baby boom en los próximos años.

Las proyecciones disponibles indican que durante las próximas décadas se duplicará el número de pensionistas sobre la población en edad de trabajar: para mantener la tasa de prestación actual sin aumentar el déficit serían necesarios unos 29 millones de cotizantes para poder pagar los más de 15 millones de pensiones previstos en 2050, de acuerdo a las estimaciones de BBVA Research, cifra que parece complicado alcanzar desde los poco más de 19 millones de cotizantes que tenemos en la actualidad. .

A cierre de mayo de 2021 existen en España 1,95 cotizantes por cada pensionista, una tasa que ha estado en caída desde el año 2007, cuando se alcanzaron los máximos recientes (2,71 afiliados por pensionista). Según algunos expertos, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a 2,5.

Pero este ratio no es uniforme en todo el territorio español, aunque la “caja de las pensiones” es única. Algunas provincias están en niveles de 1,5 cotizantes por cada pensionista o incluso inferiores. En concreto, hay trece provincias en esta situación, entre las que están Salamanca, Palencia, Pontevedra, A Coruña, Ávila, Asturias, Zamora, León, Lugo y Ourense. En el extremo contrario, por encima de 2,5 cotizantes por pensionista, se sitúan cuatro territorios: Melilla, Almería, Madrid y Huelva.

Al desequilibrio entre cotizantes y pensionistas se añade el hecho de que las nuevas pensiones entran en el sistema con un desequilibrio actuarial, es decir, que durante su jubilación, los pensionistas en conjunto reciben una pensión mayor a lo que han cotizado durante su vida laboral. Los cálculos del Instituto de Actuarios Españoles sitúan este desequilibrio en el 51% de media. Un estudio del Banco de España del año pasado calcula que, utilizando la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2017, las nuevas pensiones reciben 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización.

Si una gran reforma era necesaria antes de la pandemia, ahora lo es todavía más. Es necesario estabilizar el sistema a corto y medio plazo, actuando ya para corregir el déficit existente. Pero, en paralelo, es necesario aplicar mecanismos automáticos que blinden el sistema de reparto ante los cambios demográficos, económicos y sociales, como han hecho otros países europeos que son referentes por su estado de bienestar.

Nuestro país debería sumarse a aquellos que han entendido que, sin unos pilares robustos de previsión social pública y complementaria, no podremos aspirar a pensiones sostenibles, suficientes y equitativas. Entre los elementos de este “sistema mixto” habría que considerar, en el Pilar I de pensiones públicas de reparto, las cuentas nocionales. Este sistema tiene en cuenta la contribución del trabajador a lo largo de su vida laboral para calcular lo que le corresponde de pensión pública, favoreciendo el equilibrio automático entre cotizaciones y prestaciones en el sistema público de pensiones.

En segundo lugar, es necesario impulsar el Pilar II, de planes complementarios de empleo y la adscripción cuasi obligatoria (por defecto, autoenrolment) de los trabajadores (asalariados y autónomos) a un sistema de contribución definida de capitalización de planes de pensiones de empleo a través de convenios colectivos.

Pero también es importante incentivar el ahorro individual, a través de planes de pensiones u otros instrumentos de ahorro, lo que constituye el Pilar III del sistema.

Desincentivar fiscalmente los planes de pensiones individuales como se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 constituye un perjuicio para autónomos y pymes, porque el desarrollo del segundo pilar para este colectivo no se va a producir de un día para otro. Se debe posibilitar, por tanto, a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

Solo desarrollando los tres pilares, como han hecho los países de la UE que deben servirnos de modelo en materia de pensiones, lograremos un sistema de previsión social para la jubilación que sea sostenible, justo y sea capaz de proveer pensiones suficientes y dignas a los jubilados presentes y futuros.