Hablemos de seguridad jurídica

El ordenamiento jurídico propio de las sociedades avanzadas es complejo. Mucho. Diría que hasta demasiado. A la infinidad de normas reguladoras de todo tipo se suman los diferentes niveles competenciales de las mismas dependiendo de la administración que las ejerza.

Al ciudadano se le exige su total cumplimiento aun cuando desconozca las diferentes normas y sus requisitos, y por eso no le queda más remedio que delegar la resolución de sus asuntos en empresas especializadas para ello, gestorías, consultoras, ingenierías, empresas de control autorizadas, despachos de abogados, etc., confiando en que los procesos se llevarán a cabo de forma adecuada y que no llegará la temida carta de cualquiera de los organismos administrativos anunciando inspecciones en el mejor de los casos o sanciones y juicios en los peores supuestos. La seguridad jurídica es pues imprescindible como garantía de que los derechos de los ciudadanos o empresas no serán atropellados una vez inician cualquier tipo de trámite o relación con la administración pública.Viene esto a cuento, porque cuando no hay seguridad jurídica garantizada es difícil que empresas o negocios de fuera de nuestra ciudad quieran invertir en proyectos de implantación en la misma, o que negocios y capitales de Lleida acaben marchándose a zonas menos hostiles.En 2017, la patronal Pimec ya clamaba por la fuga de empresas de Lleida hacia Aragón. Sirva como dato que entre 2005 y 2020 el número de empresas en la provincia de Huesca creció un 18% mientras que en Lleida fue solo de un 2%.

Y eso por no hablar de la huida de las grandes entidades financieras, o de los cambios de sede social de alguno de nuestros grandes motores económicos, así como el traslado de capitales de particulares a cuentas espejo en entidades bancarias fuera de nuestra ciudad, sobre todo a los municipios oscenses limítrofes.Y todo ello por inseguridad jurídica. Una inseguridad que provoca empobrecimiento, no solo en el presente, sino también en el futuro.Este equipo de gobierno de la Paeria, ya cuando era tripartito, se dedicó a torpedear de forma constante proyectos aprobados por el anterior, véase Torre Salses. Y se dedicó a poner todo tipo de trabas burocráticas para frenarlo, incluyendo maniobras como el encargo de informes jurídicos en busca de las posibilidades para hacerlo, así como las posibles repercusiones en su caso a un colectivo de abogados, el Colectivo Ronda.

Tras una solicitud mía para saber en qué habían consistido los trabajos correspondientes a dos facturas, una de febrero a mayo de 2020 por importe de 3.352 euros y otra de junio a septiembre del mismo año por importe de 3.113 euros, sin haberse tramitado mediante licitación, la respuesta que recibí fue, por decirlo suavemente, extraña.El objeto del encargo es el de asesoramiento jurídico en la lucha contra la corrupción y en concreto la creación y puesta en marcha de la Bústia Ètica en la Paeria. Hasta aquí, nada en especial. La sorpresa viene cuando me trasladan el anexo de estos trabajos y resulta que prácticamente durante un año este colectivo se había dedicado únicamente a elaborar informes jurídicos para redactar alegaciones contra el proyecto de Torre Salses, exámenes de los expedientes administrativos del proyecto, posibilidades de revocación del convenio urbanístico, estudios sobre la necesidad de informes de Secretaría e Intervención, estudios sobre la posibilidad de revocar el Plan General de Ordenación Urbana o las consecuencias de indemnización si todo esto se llevaba a cabo.El resto de actuaciones que ha llevado a cabo este equipo de gobierno son conocidas por los medios de comunicación, al menos parcialmente.

La última, publicada en este mismo periódico ayer, es un escrito que Paeria envió a los propietarios que forman parte de la Junta de Compensación preguntándoles si creían necesario seguir tramitando el plan especial de la tubería de riego de la zona. Una zona que contempla usos residenciales, no olvidemos.Y no es el único caso de informes jurídicos encargados a medida por este equipo de gobierno para satisfacer sus intereses.La única forma de tener conocimiento de este tipo de encargos es mediante una revisión exhaustiva de las facturas y la petición de los documentos asociados. Un trabajo de fiscalización ingente que difícilmente se puede llevar a cabo sin medios, sin ayuda y a media jornada como es mi caso.

Y ello provoca un estado de inseguridad jurídica y de indefensión que nos atañe a todos: vecinos, empresas, cargos públicos y trabajadores de la administración local. A todos. Que nadie se lleve a engaño acerca de quien pagará el pato.