Frente común de Govern y municipios contra la pobreza energética con un convenio para suministradores
Puigdemont destaca la alianza de las administraciones catalanas para “proteger a los colectivos más vulnerables”
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves una alianza de las administraciones catalanas en la lucha contra la pobreza energética, que supone “un paso adelante en el compromiso de protección de las personas más vulnerables de nuestro país”. “Algunos proponen comisiones, nosotros proponemos soluciones”, ha dicho el jefe del Gobierno, y ha añadido que con este frente común “queremos conseguir que en este país se erradique el riesgo de que los colectivos más vulnerables se vean privados de los servicios básicos”.
Algunos proponen comisiones, nosotros proponemos soluciones
Puigdemont ha hecho estas manifestaciones en el transcurso de la presentación de un modelo común de convenio para instar la corresponsabilidad de las empresas suministradoras en relación con la pobreza energética y uno nuevo protocolo de actuación para evitar cortes en el suministro pactado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la Federación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios de Catalunya.
Las administraciones han formulado una propuesta común de convenio para ofrecer a aquellas suministradoras de servicios básicos que todavía no han llegado a ningún acuerdo de colaboración con la Generalitat para hacer frente a la pobreza energética. A día de hoy, 21 distribuidoras de agua que abastecen casi 6,5 millones de ciudadanos ya han suscrito uno.
Compromisos de las suministradoras
La propuesta de convenio recopilación diferentes compromisos por parte de las suministradoras. Por una parte, establece que se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar su informe acreditativo antes de proceder a cualquier interrupción de los suministros. También facilitarán a los usuarios toda la información relativa a sus derechos.
Además, el convenio contempla que las empresas suministradoras de gas y electricidad colaborarán con las administraciones a la hora de hacer frente a los gastos derivados de la pobreza energética. En este sentido, y mediante medidas como la aplicación de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada o aportaciones económicas directas, las operadoras tendrán que cubrir como mínimo el 50% del coste de la pobreza energética en Catalunya, incluida el gasto que supone para las administraciones la gestión de estas situaciones. También tendrán que promocionar el bono social y la optimización de la potencia contratada.
