Protección infantil en rupturas

Profesionales de la salud, la educación, los servicios sociales y el derecho, entre otros, participaron ayer en una sesión informativa sobre la vulneración de los derechos de los menores en rupturas conflictivas de pareja. La sesión, organizada por la Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), se celebró en la Facultad de Derecho de la UdL y forma parte de los grupos de trabajo puestos en marcha por la entidad para hacer frente a un número creciente de casos en que los niños se convierten en un “instrumento” en un proceso de divorcio que puede constituir una situación de maltrato infantil.

Con la intención de prevenir y saber responder a este tipo de conductas, la ACIM lleva trabajando desde 2014 en un proyecto en el que se incluyen a profesores, médicos, enfermeros, abogados, jueces, fiscales, mossos y trabajadores sociales, entre otros profesionales. Las conclusiones del proyecto destacan una falta de coordinación entre los diferentes profesionales para responder ante estos casos y a la necesidad de sensibilizar ante una realidad creciente. Como señales de alerta, los expertos instan a estar pendientes de cualquier cambio de conducta y actitud del menor, a la pérdida de espontaneidad o de autoestima y al bajo rendimiento escolar. En cuanto a los padres, las más claras son las descalificaciones públicas del otro progenitor, la judicialización de cualquier aspecto de la ruptura y la implicación de los hijos en este conflicto.

Guía práctica para sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática? La Associació Catalana per la Infància Maltratactada está trabajando en la elaboración de una guía práctica para las familias con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática. La entidad recuerda que la instrumentalización de los hijos en rupturas conflictivas tiene efectos muy negativos en el crecimiento y desarrollo biopsicosocial de los implicados. Asimismo, propone la creación de la figura del Defensor del Menor, potenciar la mediación y la reducción judicial y una formación específica para los profesionales que participen en un proceso de divorcio.