El código penal es insuficiente para proteger a las víctimas de matrimonios forzados, según la UdL
Imagen de los juzgados de Lleida.
La respuesta penal es insuficiente para proteger a las víctimas de matrimonios forzados que hay en el Estado español. Así se desprende del proyecto de investigación 'Formas contemporáneas de violencia de género: mecanismos jurídicos de protección a las víctimas', liderado por la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Lleida (UdL) Carolina Villacampa.
En este sentido, el informe afirma que el código penal a menudo sitúa a las víctimas en la encrucijada de tener que romper con su comunidad de origen para poder obtener tutela institucional y no prevé otros mecanismos jurídicos alternativos.
El estudio, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, se presenta este viernes en la UdL en el marco de la jornada 'Manifestaciones contemporáneas de la violencia de género. Matrimonios forzados'.
La investigación alerta que, en la mayoría de casos, para realizar estos matrimonios forzados se utilizan "mecanismos de baja intensidad, sutiles, relacionados con la pertenencia de las víctimas a una determinada comunidad", explica Carolina Villacampa. La mayor parte contraen como consecuencia de la presión familiar (38,9%) y la afección a la tradición, según los testimonios recogidos. Sólo en un pequeño porcentaje se objetiva el uso de violencia o intimidación. El artículo 172 bis del Código Penal requiere, precisamente, la concurrencia de "violencia o intimidación grave" para castigar este delito, con penas de entre 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión.
El equipo liderado por Villacampa se ha puesto en contacto con más de 500 entidades de asistencia a víctimas, de las que han respondido 150. Los testimonios aportados indican que el colectivo con mayor riesgo son las chicas más jóvenes. Un 33% de los casos analizados son, de hecho, menores de edad. En este sentido, el último informe de UNICEF indica que 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año por todo el mundo.
Según el estudio, la mayor parte de las víctimas son musulmanas, aunque un pequeño porcentaje son católicas. La mayoría proceden del Magreb, seguidas de las originarias del África subsahariana; aunque un 20% tienen la nacionalidad española.
La catedrática de Derecho Penal tiene previsto ampliar esta línea de investigación con un nuevo estudio cualitativo. De momento, los resultados preliminares de esta investigación cuantitativa se presentarán el viernes 9 de marzo, en las 18.00h, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo, en el campus de Cappont. Será la clausura de un seminario especializado sobre matrimonios forzados.
