En lucha por la renta garantizada

Una veintena de personas se concentraron ayer frente a la oficina del departamento de Trabajo en Lleida para protestar contra las “denegaciones masivas” de solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la nueva ayuda de la Generalitat de 564 euros mensuales que desde septiembre sustituye al antiguo salario social. Convocados por la plataforma Lleida Social, los manifestantes, entre los que había afectados, aseguraron que la conselleria solo está aprobando el 3% de las solicitudes cuando con la anterior prestación eran más de la mitad. “La administración no está cumpliendo con el silencio positivo, que implica que tras cinco meses desde la petición, si no hay notificación, automáticamente se debe empezar a cobrar”, señaló Jaume Añé, de Lleida Social. Además, denunciaron que se está dando un “abuso” en el requerimiento de nuevos datos a los solicitantes cuando está a punto de acabar el plazo y no tienen tiempo material para presentar la nueva documentación. “También hay denegaciones sin motivo aparente y se está vulnerando la ley de transparencia”, apuntó Añé. De hecho, Trabajo no facilitó ayer datos sobre cuántos leridanos están recibiendo la prestación. Como mínimo serían dos mil, que son las que antes de la la ley cobraban el salario social y que automáticamente entraron en el sistema de esta ayuda. Según las cifras que maneja Lleida Social, en Catalunya se han presentado más de 30.000 solicitudes, de las que se habrían aprobado un millar y más de 14.000 se habrían denegado, centenares en Lleida. Por todo ello, reclamaron al nuevo Govern una aplicación efectiva de la ley y que se revisen todas las peticiones.

A finales del pasado mes, Trabajo aseguró que la mayoría de denegaciones era por no cumplir el requisito de los ingresos, negó las denegaciones sin motivo y reconoció que el 155 y la falta de Govern ha afectado a la aplicación.