Las bombillas halógenas pasan a la historia en Europa

Las bombillas halógenas son historia desde ayer, día en que entró en vigor una normativa europea que prohibe su fabricación y venta con el objetivo de favorecer el uso de tecnologías LED más eficientes (ahorran hasta un 80% de energía) y sostenibles, una medida que ha sido acogida con satisfacción por parte de ecologistas y científicos en España. La nueva legislación comunitaria, que inicialmente se había fijado para septiembre de 2016 pero que se aplazó dos años ante la imposibilidad de llevarse a cabo en tiempo y forma, afecta a las bombillas halógenas clásicas que generalmente están hechas de cristal y emiten luz omnidireccional. No obstante, los distribuidores podrán vender los stocks almacenados hasta fin de existencias.

Desde Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, responsable de Energía, indicó que la aprobación de esta medida implica “un gran paso”. Sin embargo, aunque cree que es “una gran noticia”, opinó que en una vivienda la iluminación es un factor “pequeño” de consumo porque hay otros aparatos “más contaminantes” como grandes electrodomésticos o tener varios televisores. “Si coges la factura total de una casa, contamina más la lavadora o la calefacción que una bombilla”, afirmó. Por ello, apuntó que una medida alternativa pasa por contar con fuentes renovables propias en cada hogar, como paneles solares “para reducir el impacto energético y el cambio climático”. Por su parte, el investigador del CSIC en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona Xavier Perpiña, afirmó que los principales beneficios de este cambio están en el consumo y en el tiempo de vida. Así, explicó que, aunque el funcionamiento no es muy distinto a las incandescentes, el tipo de material que utilizan las LED es diferente, ya que tienen un gas halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que permite que el desgaste del filamento sea mucho menor.

Los distribuidores podrán vender los stocks almacenados hasta fin de existencias

A pesar de la medida, según un estudio, uno de cada dos consumidores desconoce esta prohibición y el 67% ignora cuáles son sus consecuencias.