Ochenta juicios franquistas suspendidos

Hace un año la Generalitat entregó los primeros documentos que certificaban la anulación de los juicios por causas políticas durante la dictadura de Franco. Fue una represión por motivos ideológicos que afectó a hombres y mujeres de todas las edades y condiciones. Los juicios “sumarísimos” empezaron en Catalunya a partir de abril de 1938 y continuaron hasta finales de 1978. En un año el departamento de Justicia ha entregado en mano un total de 82 anulaciones a víctimas de la represión en las comarcas de Ponent. Sin embargo, la cifra es mucho mayor, ya que, desde la conselleria recuerdan que más del 60% de las peticiones se hace por correo electrónico, lo que dificulta saber el origen del solicitante. Desde que entró en vigor la disposición del Parlament de anulación de los juicios franquistas, en el conjunto de Catalunya se han tramitado más de 2.500 solicitudes de nulidad.

Entre los primeros documentos entregados en Lleida figuran los de Arturo Gené y Emilio Solans, dos vecinos de Vilanova de la Barca y Corbins. El primero de ellos fue condenado a 20 años de prisión, conmutados por seis años y un día. En el segundo, Emilio Solans fue sentenciado a cadena perpetua, pero se redujo a 15 años. Eva Gené, nieta y bisnieta de los represaliados recogió los documentos que anulaban estos “sumarísimos” de manos del delegado de Justicia en Lleida, Jaume Montfort. Los certificados se pueden pedir en las oficinas de atención al ciudadano de la Generalitat, a través del teléfono 012 o en la web de la conselleria de Justicia.

Catalunya quiere que el Estado también anule los juicios políticos La Generalitat ya ha exigido al Gobierno central la necesidad de “reconocer y compensar” a todas las víctimas del franquismo y la Transición y hacer que el Estado “pida perdón” tal y como lo hicieron Alemania y Francia por la deportación del president Lluís Companys. Una petición que le hizo llegar la semana pasada la conselleria de Justicia, Ester Capella, a la ministra del ramo, a la que insistió en que el Gobierno debe comprometerse a la anulación de los juicios políticos durante el franquismo tal y como ha hecho el Parlament.