IGLESIA POLÉMICA
UP denuncia que el obispado de Solsona se apropia de bienes
Unió de Pagesos denunció ayer que los obispados de Vic y Solsona han inmatriculado en los últimos años en los registros de la propiedad cerca de 430 propiedades, públicas y privadas, en las comarcas del Bages, la Anoia y el Berguedà, entre las que hay 203 ermitas, iglesias y capillas; 95 terrenos y fincas; 50 cementerios, además de huertos, cobertizos y algunas viviendas. Uno de los agricultores afectados y miembro de la comisión permanente de UP en el Bages, Joan Casajoana, afirmó ayer que este procedimiento de las inmatriculaciones (inscribir por primera vez una propiedad en el registro) es “ilegal y clandestino” y denunció que está basado “en una regulación que hizo la dictadura franquista”. Según el sindicato, la mitad de estos registros se hicieron entre 2014 y 2015, año de paso que dejó el PP antes de derogar la normativa de 1946 y que permitía a los obispos actuar como notarios.
Aunque el sindicato solo tiene de momento datos de estas tres comarcas, señalaron ayer que se prevé que las apropiciones afecten a toda Catalunya. Las 430 inmatriculaciones contabilizadas corresponden a 95 municipios, por lo que, según UP, representan 4,5 inmatriculaciones por cada uno. De trasladarse este cálculo al conjunto de la provincia de Lleida, podría haber más de mil bienes inmatriculados por parte de la Iglesia. Al respecto, UP pedirá al Parlament que apruebe una resolución en contra de este procedimiento y a los ayuntamientos para que aporten mociones. También reclaman que se haga pública la lista de todas las inmatriculaciones de la Iglesia. El ministerio de Justicia ya anunció que publicaría estos datos.
Vic defiende que el proceso fue “legal” y niega expropiaciones El obispado de Vic hizo ayer público un comunicado en el que aseguró que la inmatriculación de templos católicos ha sido un proceso “no arbitrario” y “completamente legal”. Según el obispado, cada vez que la Iglesia registraba una propiedad “presentaba la documentación que probaba que era de titularidad eclesial y que coincidiera con el catastro”. Por ello, señalaron que no se trata de una “expropiación ni mucho menos un expolio” y que si hay errores, se revisará el caso en concreto.