Andorra obliga por ley a sus ciudadanos a donar órganos

El Consell General d’Andorra ha dado luz verde esta semana a la ley por la que los andorranos difuntos serán donantes de órganos si no dejan constancia explícita de su oposición o si su familia no se opone. Así, se ha aprobado de manera prácticamente unánime la primera ley que regula en el Principado la donación de órganos, células, tejidos y sangre. Es una medida que permitirá que haya en el país “un elevado número de donaciones”, según defendió el ministro de Salud, Carles Marfany. La ley garantiza la protección de la identidad tanto de los donantes como de los receptores y abre también “nuevas fuentes de negocio” dentro del sector sanitario, sobre todo el biotecnológico, ya que regula la utilización y fabricación de medicamentos de terapia avanzada, informó el ministro. Cuando el texto entre en vigor, se trabajará para cerrar convenios con países vecinos para poder cooperar en las necesidades de órganos y tejidos de los pacientes. La ley se ha aprobado con un único voto en contra, el del consejero de Progressistes d’Andorra, Víctor Naudi, porque considera “un atentado a la libertad individual” que todos los ciudadanos sean donantes por defecto. El resto de las fuerzas políticas se han mostrado a favor, porque sitúa a Andorra en una posición de liderazgo dentro de Europa en materia de legislación relacionada con donaciones y trasplantes de órganos, según destacó el consejero de Liberals d’Andorra, Ferran Costa. Por su parte, el Partit Socialdemòcrata lamentó únicamente que el texto legislativo no contemple el reembolso de todos los gastos tanto de los pacientes −en caso que tengan que desplazarse fuera del país− como de los propios donantes.

El Gobierno de Andorra tiene previsto trabajar para cerrar convenios con países cercanos para fomentar la colaboración que suplan las necesidades de órganos y tejidos corporales de los pacientes. Aunque esta medida deberá esperar a que la ley aprobada esta semana entre en vigor. El parlamento también ha aprobado una ley que permitirá la entrada de capital extranjero en los clubes deportivos del Principado de Andorra.