Un millar de manifestantes en Lleida por los derechos de las personas con discapacidad

Un millar de personas se ha concentrado este jueves ante la delegación del Govern en Lleida en defensa de los derechos del colectivo de personas con discapacidad. La Federación ALLEM, convocante de la protesta y que reúne a 17 entidades, denuncia la "situación insostenible" que arrastran desde 2009 a causa de los recortes y de la congelación de la financiación de los servicios de atención a las personas con discapacidad. Además, ALLEM, que da servicio a más de 2.300 personas en el territorio de Lleida, denuncia que once entidades con centros especiales de trabajo (CET) que ocupan 650 personas con discapacidad se encuentran "al límite del colapso económico" a raíz del incremento del 22% en el salario mínimo interprofesional que aprobó el Gobierno central a finales del diciembre pasado y que se aplica en la nómina del mes de enero.

Jordi Morillas, portavoz de la Federación ALLEM ha explicado que "desde las entidades se pide un incremento de la financiación pública a través de una ayuda extraordinaria temporal, para poder garantizar los pagos y los puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Un colectivo que difícilmente tiene acceso a la empresa ordinaria". “No tenemos margen para repercutir este incremento en los precios de nuestros productos o servicios, ni podemos aumentar la productividad de nuestros trabajadores, vista su especial situación, y tampoco tenemos margen para reducir gasto, que es mayoritariamente de profesionales de apoyo, partida ya muy ajustada por los diez años de congelación de la financiación pública”, ha añadido Morillas.

Después de realizar contactos con el Govern, partidos políticos y presiones a través de las redes sociales, la semana pasada el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, anunciaba una partida extraordinaria de 7,5 millones de euros extras para subvencionar los Centros Especiales de Trabajo. "Aunque se ha vendido como una solución a los medios de comunicación y que el resto lo tiene que poner el gobierno español, este importe es menos del 10% necesario para hacer frente a la subida del 22% que comporta este aumento del SMI. Continuamos en una situación crítica y alguien nos tiene que dar una solución. Llevamos demasiados tiempos olvidados", afirma Morillas.

Con el objetivo de recoger el máximo de adhesiones, las entidades han redactado un manifiesto mediante en el cual piden a las administraciones locales, entidades y empresas del territorio que se adhieran, con el fin de sensibilizar a la opinión pública al respecto, y solicitar la activación de un plan de choque, para evitar la desaparición de estos centros, hecho que significaría la exclusión social de colectivos muy vulnerables.

La protesta de este jueves en Lleida se ha repetido en ciudad de toda Cataluña.