RELIGIÓN POLÉMICA
Exigen crear un registro sobre antecedentes para los religiosos
Maldà aprueba una moción tras los supuestos abusos de su sacerdote
Momento de la votación de la moción ayer en el ayuntamiento de Maldà.
El ayuntamiento de Maldà exige “la creación de un registro de antecedentes por delitos sexuales de aquellas personas que trabajen con menores desde las organizaciones religiosas” a la vez que pide a la conselleria de Justícia que “impulse una Comissió de la Veritat sobre los casos de pederastia y pedofilia que estén relacionados con la iglesia católica en Catalunya”. Estos son dos de los acuerdos de la moción que aprobó por unanimidad ayer el pleno del ayuntamiento de esta localidad del Urgell tras el caso de supuestos abusos cometidos por Josep Maria Font, sacerdote hasta ahora de ocho poblaciones del Urgell y Les Garrigues, y que oficiaba misas en Maldà desde hacía más de un año.
La moción también “exige a la Iglesia un protocolo para que sus instalaciones sean completamente seguras para la infancia y para que nunca más puedan cometerse abusos” y al Parlament de Catalunya, que elabore una ley integral para luchar contra la violencia en la infancia y para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad”. El alcalde de Maldà, Sebastià Mata, lamentó que el Arzobispado de Tarragona haya actuado con “falta de transparencia” a la hora de informar a las comunidades religiosas y a los ayuntamientos de los casos de abusos que han salido a la luz en las últimas semanas.
Piden que la prescripción de estos delitos empiece a contar a partir de los 50 años de la víctima
Por otro lado, el pleno del ayuntamiento de Belianes decidió ayer por la noche posponer una semana la votación de una moción similar a la aprobada en Maldà, según explicó a este periódico el alcalde, Josep Ramon Morera.
Medio millón de firmas para ‘controlar’ a la Iglesia Víctimas de abusos sexuales, lideradas por el primer denunciante del caso Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, entregaron ayer en el Congreso 520.000 firmas recogidas a través de Change.org, con las que reclaman a los grupos parlamentarios que pongan “líneas rojas” a la Iglesia en España. En declaraciones a los medios, Hurtado criticó la actitud de los políticos a los que “les entra por un oído y les sale por el otro” las peticiones que está haciendo desde las asociaciones. El portavoz de esta iniciativa explicó que, “mientras en países como Chile la fiscalía está haciendo registros en los obispados, requisando archivos y exigiendo los informes internos sobre expedientes disciplinarios canónicos”, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “le pide permiso a la Iglesia para saber cuántos casos hay”. Por eso, desde la Asociación Infancia Robada a la que pertenece Hurtado, exigieron a los partidos una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción de este tipo de delitos comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, lo que significaría que estas tendrían tiempo de denunciar hasta los 55 años en los delitos leves y los 65 en los graves. Se trata, según Hurtado, de una medida “de salud pública” que ha recibido el apoyo de más de medio millón de personas.
