Conflicto diplomático por una niña

El consulado de Uruguay en Barcelona se negó ayer a entregar una hija a su padre, vecino de Vielha, pese a ordenarlo la magistrada de la capital de la Val d’Aran tras una disputa judicial entre los progenitores de la menor, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países. La magistrada había fijado que la menor, de 7 años, debía ser entregada hoy al padre tras concederle la guarda y custodia de la niña. La jueza lo hizo después de que la madre se llevara a la niña a vivir con ella en Uruguay, su país de origen, tras denunciar al padre por abusos sexuales a la menor.

Según publicó ayer El Periódico de Catalunya, el cónsul Juan Pablo Tagliafico notificó al padre que no le entregaba a la menor porque no es competente para ejecutar la sentencia de Vielha. Además, el ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en que subraya la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas en Barcelona. En esta nota a la prensa, asegura que ha pedido a la embajada de Uruguay en España y al consultado en Barcelona a “establecer contacto con las autoridades españolas para manifestar la preocupación ante una sentencia improcedente, de conformidad con el Derecho Internacional, exhortando a dichas autoridades a que la resolución de la situación se lleve a cabo atendiendo al interés superior de la niña”.

Varias entidades uruguayas han iniciado una campaña contra la sentencia y en apoyo a la madre de la niña

La batalla judicial entre los padres comenzó en 2016 cuando la madre denunció a su expareja por abusar sexualmente de su hija, aunque el caso está archivado de forma provisional en Vielha (ver desglose). A su vez, el padre denunció a la madre por sustracción de menores tras llevarse a la hija a Uruguay, una resolución que finalmente fue resuelta el pasado 25 de septiembre por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Vielha, que obligaba a la madre a dejar a la niña en el consulado. La madre entró en el consulado custodiada por mossos aunque finalmente la niña no fue entregada al padre, por lo que se ha aplazado el proceso. En su resolución, la magistrada señala que nueve profesionales independientes y acreditados han relatado que la menor se encuentra en situación de alto riesgo dada la conducta de intervención de la madre respecto al vínculo con el padre. En ese sentido, argumenta que lo deseado hubiera sido que el progenitor hubiera reanudado el contacto con su hija de forma progresiva y en un lugar supervisado por profesionales, pero que, “dado que la intervención de la madre lo ha imposibilitado”, la restitución de la custodia total al padre debe ser inmediata. El caso ha causado un revuelo mediático en Uruguay, donde varias asociaciones han dado apoyo a la madre bajo el lema “María, no estás sola” y se manifestaron el pasado jueves ante la embajada española en la capital uruguaya.

La Audiencia de Lleida archivó la denuncia por maltrato y abusos La Audiencia de Lleida archivó el pasado mes de febrero la causa judicial abierta contra el padre de la niña por las denuncias presentadas por la madre por presuntos malos tratos y abusos sexuales a la menor. En su auto, el tribunal alegó que se trata de un sobreseimiento provisional, por lo que la causa podría reabrirse de encontrarse nuevas pruebas. Sin embargo, actualmente la Audiencia considera que no hay “indicios suficientes que permitan apreciar la perpetración de ningún ilícito penal”. En su denuncia, la mujer señaló que el padre de la menor intentó agredirla sexualmente en Vielha. Sin embargo, la Audiencia se basa en varios informes forenses y psicológicos para considerar que no puede demostrarse que existieron tales abusos. Un informe del Equipo de Atención a la Víctima detalla que la niña “no hace ningún tipo de relato de referencia a una presunta situación abusiva de carácter sexual”, mientras que otra psicológica declaró que no podía determinar ni la presencia ni la ausencia de los abusos. Asimismo, los peritos leridanos rechazaron los informes de expertos de Uruguay presentados por la madre que sí avalan la existencia de los abusos.